El país enfrenta una advertencia seria sobre sus finanzas públicas. Varios centros de pensamiento respaldaron hace poco las preocupaciones que ya había planteado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Carf, respecto al plan financiero que el Gobierno acaba de presentar. El diagnóstico es claro: el escenario fiscal que se aproxima trae consigo un deterioro significativo de las cuentas públicas que el Gobierno minimiza.

Para entender la gravedad, hay que analizar lo que pasó en 2025. El Gobierno cerró el año con un déficit de 6,4% del PIB, es decir, gastó 6,4 puntos porcentuales más de lo que recaudó. Aunque técnicamente mejoró 0,3 puntos comparado con 2024, ese progreso es engañoso: se logró solo porque bajaron los gastos de intereses de la deuda, gracias a operaciones de refinanciamiento del Tesoro. Lo que realmente importa es el déficit primario, que mide el gasto sin contar intereses. Ese indicador se disparó a 3,5% del PIB, el nivel más alto en treinta años.

Para 2026, el Gobierno promete mejorar las cosas. Proyecta reducir el déficit total a 5,1% del PIB y el déficit primario a 2,1%. Suena bien en el papel, pero el Carf no se lo cree. El comité técnico advierte que "el plan del Gobierno fue calificado como poco creíble" porque no explica con claridad cómo va a lograr esa reducción de gasto. Sin esas medidas concretas y verificables, el Carf estima que el déficit primario real podría llegar a 3,7% del PIB, lo que significaría un faltante de recursos de 32,1 billones de pesos respecto a lo prometido.

Pero hay más. El Carf identificó riesgos adicionales que podrían empeorar aún más el escenario: el impacto de la reforma pensional, el aumento del salario mínimo y los efectos de la reforma laboral. Si todo eso se materializa junto, el déficit primario podría trepar hasta 4,2% del PIB y el déficit total alcanzar 7,2%. En ese caso, la deuda neta del Gobierno subiría a 60,7% del PIB.

Lo que preocupa a los analistas es que el Gobierno parece confiado en que manejar inteligentemente su deuda es suficiente para navegar esta crisis. Pero eso es ilusorio. Los centros de pensamiento señalaron que "la estrategia de manejo de deuda no sustituye el ajuste fiscal estructural requerido". En otras palabras: no basta con refinanciar la deuda si el país sigue gastando más de lo que gana. Además, si el mercado de deuda pública se reseca, las tasas de interés subirán, lo que haría aún más costoso pedir dinero prestado.

Para el ciudadano promedio, esto significa presión sobre los servicios públicos, posibles aumentos en impuestos o tarifas de servicios, y un entorno económico más frágil que reduce oportunidades de empleo y crecimiento.