Después de una década de negociaciones, la Unión Europea activa este viernes su nuevo marco para gestionar la migración: un pacto ambicioso que pretende responder de manera coordinada a las oleadas de personas que llegaron al continente en años recientes, especialmente tras la crisis de 2015-2016 cuando más de un millón de personas, muchos huyendo de conflictos en Siria y Afganistán, buscaron protección en territorio europeo. El acuerdo refleja el auge de partidos de extrema derecha que han capitalizado políticamente la retórica antimigratoria, e introduce controles fronterizos más estrictos, tramitaciones aceleradas y un arsenal digital para recopilar datos masivos de los solicitantes de asilo.

El pacto toca aspectos que roza los límites de la privacidad. Introduce la recolección de datos biométricos que va más allá de las huellas dactilares: fotografías del rostro y digitalización de documentos. Una novedad problemática es que estos controles ahora aplican a niños desde los 6 años, cuando anteriormente se hacían a partir de los 14. Los datos se almacenarán en Eurodac, una base de datos europea que aún no funciona completamente en todos los países miembros. Durante este proceso de control, que puede durar hasta 7 días, los migrantes permanecerán bajo custodia de autoridades, lo que defensores de derechos humanos califican como detención de facto, incluso para menores.

Para acelerar las expulsiones, el pacto establece tres procedimientos según la etapa. En las fronteras exteriores, el trámite toma hasta 12 semanas. Para quienes se consideren amenaza para la seguridad o provengan de países clasificados como "seguros" (incluido Colombia), el proceso se reduce a tres meses máximo. El pacto obliga a emitir órdenes de expulsión automáticas cuando se rechaza una solicitud. Defensores de derechos humanos alertan que esto puede resultar en detenciones prolongadas y decisiones apresuradas que vulneran garantías básicas.

Uno de los mecanismos más controvertidos es el de solidaridad obligatoria. Estados miembros deben acoger solicitantes de asilo de países periféricos como Italia, Grecia, Malta o España, o pagar 20.000 euros por cada persona que les corresponda recibir. Sin embargo, la fórmula ya genera fricción. Polonia rechazó tajantemente participar, argumentando una "guerra híbrida" en su frontera con Belarús y que ya ha acogido millones de refugiados ucranianos. Hungría tampoco ha preparado infraestructura, continuando la línea dura de su antecesor. Analistas advierten que sin herramientas de coerción real, este mecanismo depende solo de presión política, lo que profundiza tensiones entre Estados.

La implementación desigual es otro fantasma que acecha al pacto. Mientras Alemania, Francia, Portugal e Italia avanzan en la incorporación de medidas, más de una docena de países aún no adaptan infraestructuras ni recursos humanos necesarios. Algunos todavía deben construir instalaciones fronterizas adecuadas. Susan Fratzke, analista del Instituto de Política Migratoria, advirtió que "no será como encender un interruptor el 12 de junio. Algunas de estas cosas llevarán tiempo".

Las organizaciones de derechos humanos han llegado a conclusiones duras. Minos Mouzourakis, abogado de Refugee Support Aegean, alertó sobre "una carrera hacia el abismo". Judith Sunderland, de Human Rights Watch, sentenció que el pacto "cierra la puerta a personas que merecen ser tratadas con dignidad" y que "asesta un golpe duro al derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos". Los críticos también señalan que el enfoque se centra en disuadir y expulsar, ignorando las causas estructurales que empujan la migración: conflictos bélicos, pobreza y represión. Una encuesta del Centro de Migración Mixta en 2025 reveló que el 64 por ciento de migrantes en rutas del Mediterráneo no fue disuadido por políticas europeas, y menos del 1 por ciento abandonó sus planes por esas medidas.