Europa da un giro hacia políticas migratorias más restrictivas. El Parlamento Europeo acordó el pasado lunes permitir que los países del bloque europeo establezcan centros de retorno en naciones terceras para alojar a migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. La legislación aún requiere aprobación formal de los gobiernos nacionales y el Parlamento, pero ya genera fuertes tensiones entre quienes la ven como una solución necesaria y defensores de derechos humanos que la consideran problemática.

El acuerdo contempla medidas para acelerar las expulsiones. Varios países europeos como Dinamarca, Austria y Alemania ya estudian dónde ubicar estos centros, considerando lugares como Ruanda, Uganda u Uzbekistán. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, argumentó que "con las nuevas reglas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse". La propuesta responde a la dificultad que enfrentan los gobiernos europeos: actualmente solo alrededor del 20 por ciento de las personas con orden de expulsión abandonan efectivamente el territorio europeo.

Sin embargo, las críticas son contundentes. Silvia Carta, responsable de incidencia de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), advirtió que "este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación". Las nuevas normas amplían significativamente las facultades de las autoridades: permiten extender períodos de detención, confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y realizar registros domiciliarios. Activistas reportan que estas prácticas ya ocurren en varios países europeos, con deportaciones nocturnas que no permiten a las personas recolectar sus pertenencias.

Lo irónico es que el endurecimiento ocurre cuando las cifras muestran una tendencia contraria. Las llegadas irregulares disminuyeron 26 por ciento en 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2021. Aun así, la medida responde a la presión de partidos de derecha y extrema derecha dentro del Parlamento Europeo, cuyo peso ha aumentado notablemente. Francia se muestra escéptica respecto a estos centros, mientras que España se ha opuesto al considerar que podrían comprometer el respeto a los derechos humanos.

Italia ya experimentó con un modelo similar en Albania bajo el gobierno de Giorgia Meloni, aunque ese centro permaneció prácticamente vacío por impugnaciones judicales. Los Estados miembros podrán comenzar a desarrollar centros de retorno de inmediato, aunque otras disposiciones entrarán en vigencia un año después. Esta normativa marca un endurecimiento considerable apenas dos años después de que entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo que reforzaba controles fronterizos y mecanismos de solidaridad entre países. El nuevo marco complementa esas medidas pero toma una dirección radicalmente distinta, reflejando cómo la agenda migratoria europea se ha desplazado hacia posiciones más restrictivas bajo la influencia de la derecha política.