Con 418 votos a favor provenientes mayoritariamente de la derecha y la extrema derecha, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de junio el llamado Reglamento de Retornos, un texto legal que marcó un giro importante en la política migratoria europea. La votación dejó en claro la polarización que existe en torno al tema: mientras los legisladores de derecha celebraban con aplausos y gritos de "Send them back" (envíenlos de vuelta), los críticos respondían con coros de "Shame on you" (dan vergüenza).

La medida más controvertida del reglamento es la autorización para crear centros de deportación en terceros países, es decir, naciones fuera de la Unión Europea. Según lo aprobado, gobiernos europeos podrán trasladar a migrantes en situación irregular a estos centros, incluso si no tienen ningún vínculo con esos territorios. Lo más polémico es que familias con niños también podrían ser enviadas a estos lugares, una cláusula que fue añadida durante el proceso legislativo por presión de los sectores de extrema derecha. Los indicios sugieren que países en Asia y África, muy lejos de Europa, serían los elegidos para albergar estos centros, financiados con fondos de la Unión Europea.

Las autoridades podrán detener a migrantes que rechacen una orden de retorno durante hasta 24 meses, con posibilidad de una prórroga de seis meses adicionales. El reglamento también contempla investigaciones específicas que incluyen registros de personas, viviendas y hasta incautación de dispositivos electrónicos para preparar deportaciones. Si un migrante se traslada a otro país miembro de la UE, el período de detención se reinicia desde cero.

Sin embargo, hay una brecha evidente entre lo que el reglamento promete en teoría y lo que expertos advierten en la práctica. El texto declara respetar derechos fundamentales y el principio de no devolución, que prohíbe enviar a personas a lugares donde su vida está en peligro. Pero la propia Comisión Europea invitó funcionarios del régimen talibán a Bruselas para discutir deportaciones de migrantes afganos, lo que sugiere que esos principios podrían no aplicarse con firmeza. Iskra Kirova, de Human Rights Watch, advirtió que estos centros "podrían funcionar como centros de detención extraterritoriales negociados con países que violan derechos humanos, como Ruanda o Uzbekistán". Silvia Carta, de la plataforma PICUM, alertó del "drama humano" de desgarrar familias enteras y encerrar niños para enviarlos a países desconocidos.

Los grupos progresistas se opusieron frontalmente. Los Socialistas y Demócratas denunciaron que el reglamento socava derechos fundamentales, mientras que Los Verdes anunciaron que impugnarán la ley ante tribunales europeos, argumentando que viola la Carta de Derechos Fundamentales europea. Incluso España manifestó su rechazo el 11 de junio, cuestionando que migrantes irregulares puedan estar privados de libertad más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.

Los defensores, en cambio, sostienen que la medida es necesaria y urgente. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, argumentó que "proporcionará las herramientas necesarias para que las devoluciones sean más eficientes". El eurodiputado neerlandés Malik Amazani señaló que "después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar" con medidas de retorno efectivas. La extrema derecha, más contundente, reivindicó como suya la inclusión de cláusulas más duras y celebró que el reglamento "garantiza la lucha contra la inmigración ilegal" a través de la cooperación con terceros países.

Para que entre en vigor, el Consejo Europeo debe ratificar formalmente el texto, un paso que se espera sea una mera formalidad dado el respaldo masivo de los gobiernos. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, algunas disposiciones comenzarán a aplicarse inmediatamente, aunque otras requieren preparación previa y comenzarían en el plazo de un año. Lo que está claro es que la política migratoria europea ha tomado un giro más restrictivo, con implicaciones que van más allá del continente y que preocupan a defensores de derechos humanos en todo el mundo.