Desde 1990, Colombia ha echado mano de un mecanismo poco conocido pero poderoso: obligar a los bancos a invertir dinero en lo que el Gobierno considera prioritario. Ahora el Ejecutivo se alista para usarlo de nuevo, pero con un giro nunca visto: financiar la crisis climática que ha golpeado varios departamentos. La tercera inversión forzosa en casi cuatro décadas estaría en marcha si los bancos no pusieran el grito en el cielo.

El mecanismo es así de directo: el Gobierno le ordena a las entidades financieras apartar un porcentaje de los depósitos de sus clientes para canalizarlos hacia donde el Estado decida. No es un impuesto ni una solicitud: es una orden. Ayer se reunieron los presidentes de Bbva, Aval, Bancolombia y Davivienda con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para discutir esta propuesta que el presidente Gustavo Petro lanzó hace días. Los banqueros vienen con una advertencia clara: esto tendría costos reales para ustedes, los usuarios.

Para entender de qué hablamos, hay que mirar atrás. La primera inversión forzosa comenzó en 1990 con los Títulos de Desarrollo Agropecuario. Hasta hoy, los bancos deben destinar el 5,6% de los depósitos a financiar créditos agropecuarios. Aunque este porcentaje ha bajado con el tiempo, sigue siendo una carga importante en los balances de las entidades. La segunda llegó en 1999, cuando una crisis hipotecaria amenazaba el sistema de vivienda. El Gobierno mandó a bancos, aseguradoras y otras entidades financieras a invertir dinero en Títulos de Reducción de Deuda entre 2000 y 2006. Fue una forma ingeniosa de rescatar el sector sin gastar directamente del presupuesto público.

Ahora viene la tercera, pero el sector financiero señala que tendría un efecto boomerang. Cuando los bancos pierden recursos para inversiones forzosas, tienen menos dinero para prestar. Eso significa créditos más caros. Asobancaria, que representa a la banca, calcula que esto reduciría el crecimiento del Producto Interno Bruto en 0,3 puntos porcentuales (traducción: la economía del país crece menos). Además, los bancos desplazarían esos recursos hacia títulos del Gobierno, lo que ya está sucediendo: casi el 22% de sus activos está en TES (títulos del Estado), comparado con un 10% en años anteriores.

El problema se extiende más allá del crédito. Tasas de interés más altas para compensar, mayores costos en préstamos públicos, fluctuaciones en el tipo de cambio si entra y sale dinero del país buscando mejores rendimientos. Es un efecto dominó económico. El Gobierno aún no ha definido qué porcentaje exacto exigiría ni cómo canaliza esos recursos, pero el debate ya está en la mesa y las posiciones están encontradas.