La justicia española ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez, la pareja sentimental del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acusada de tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. El magistrado Juan Carlos Peinado dictaminó el sábado que Gómez sea juzgada por un jurado popular y ordenó medidas cautelares que incluyen la confiscación de su pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales ante el juzgado. El juez argumentó que dado lo grave de los cargos, existe riesgo de fuga.

La investigación contra Gómez comenzó en abril de 2024 enfocada en una cátedra y máster en la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía. Peinado sostuvo que "aprovechó" su condición de esposa del presidente para acceder a esa posición. El magistrado también señaló un "cambio en la trayectoria profesional" de Gómez tras la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, sugiriendo que "decisiones públicas" favorables a sus proyectos pudieron haberse tomado gracias a su relación con el jefe del Gobierno.

Una decisión particularmente controversial fue la afirmación del juez sobre que los agentes de seguridad que escoltan a Gómez podrían colaborar en una posible fuga. Esto despertó la indignación del mayor sindicato policial español, JUPOL, quien calificó la hipótesis como "una auténtica barbaridad" y pidió una rectificación. Otros tres sindicatos policiales también condenaron las palabras del magistrado.

El Partido Socialista denuncia persecución "judicial y política". Desde la Moncloa interpretan las medidas como motivadas únicamente por razones políticas, usando términos como "obsesión" y "desproporción" para describir la actuación de Peinado. Ministros como Óscar Puente llamaron "ignominia" a la decisión, mientras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cuestionó la competencia del juez. Por su parte, la oposición conservadora acusa al Gobierno de "atacar a jueces, fiscales y medios de comunicación".

Junto a Gómez será juzgada Cristina Álvarez, exasesora de ella, con las mismas acusaciones y medidas cautelares. También será procesado el empresario Juan Carlos Barrabés. La fiscalía se opuso a estas medidas preventivas, argumentando que no había motivos para mantener la causa.

Este caso no es aislado. Varios aliados cercanos de Sánchez, incluyendo el exnúmero tres del Partido Socialista Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, están siendo investigados por sobornos relacionados con obras públicas y contratos. Además, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta investigación por presunta red de tráfico de influencias, aunque un magistrado diferente rechazó aplicarle medidas cautelares similares por considerarlo "persona de pública notoriedad".