Por primera vez en su historia democrática, España imputa a un expresidente del Gobierno por corrupción. La Audiencia Nacional confirmó este martes que José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011, está siendo investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en relación con el rescate público de 53 millones de euros entregados a la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama ordenó registros en las oficinas de Zapatero en Madrid y otras sedes, además de citarlo a declarar el próximo 2 de junio.

El caso comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción descubrió en 2024 que el dinero destinado a salvar la aerolínea podría haberse utilizado para blanquear dinero procedente de Venezuela, tras recibir solicitudes de información de Suiza y Francia. Los investigadores descubrieron un entramado donde dinero público habría viajado de Plus Ultra a una consultora llamada Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, y de ahí al expresidente. Entre finales de 2025, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, su consejero delegado, Roberto Roselli, y el propio Martínez Martínez.

Los números son llamativos. Análisis Relevante facturó 460.000 euros a Plus Ultra por gestiones en Venezuela durante cinco años. A su vez, la misma empresa pagó cerca de 400.000 euros a Zapatero por trabajos de consultoría describiendo informes geopolíticos, y otros 200.000 euros a una empresa de marketing de las hijas del expresidente para maquetar esos informes. Existe además un contrato entre Plus Ultra y Martínez Martínez que establece una comisión del 1% de los 53 millones, es decir unos 530.000 euros, si lograba que el Gobierno aprobara el rescate. Tanto Martínez Martínez como Plus Ultra afirman que era solo un borrador sin efecto.

Zapatero reconoció haber facturado más de 400.000 euros a Análisis Relevante por 15 informes de consultoría y de haber arreglado que su empresa de hijas cobrara 200.000 euros adicionales. Sin embargo, ha negado categóricamente haber trabajado para Plus Ultra, haber influido en la aprobación del rescate o haber cobrado por gestiones en Venezuela. En el Senado español explicó que realizó "informes orales y escritos" para Análisis Relevante pero evitó detallar su contenido. También denunció que existe una campaña en su contra.

Lo que complica la defensa de Zapatero es justamente ese flujo de dinero documentado que los investigadores rastrearon. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez, del mismo partido socialista que Zapatero, aprobó el rescate en marzo de 2021 durante la pandemia de Covid-19. Curiosamente, mientras Plus Ultra recibía estos fondos públicos, aerolíneas de mayor tamaño como Iberia no obtuvieron apoyo. Además, salió a la luz que los informes técnicos que justificaron el rescate fueron pagados por la propia Plus Ultra, según reveló una comisión de investigación del Senado.

La defensa de Zapatero argumenta que simplemente trabajó como consultor para una empresa privada y que desconoce la existencia del contrato con la cláusula de comisión por el rescate. Pero la justicia deberá determinar si es creíble que alguien de la influencia de un expresidente no supiera cómo se utilizó su nombre para gestionar un rescate público de esta magnitud. El expresidente está citado a declarar en junio, momento en el que deberá enfrentar preguntas más concretas sobre qué exactamente contenían esos informes geopolíticos y cómo llegó a cobrar casi medio millón de euros por trabajo que ahora describe como vago.