España se dispone a regularizar a aproximadamente medio millón de personas migrantes que actualmente viven en el país sin documentación legal. El presidente Pedro Sánchez aprobó este martes 14 de abril la medida mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, introduciendo nuevas formas de "arraigo extraordinario". Desde Beijing, donde se encontraba en viaje oficial, Sánchez defendió la iniciativa señalando que se trata de "reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país y que están aportando a la prosperidad y a la cohesión social".

El proceso de solicitud comenzará el 16 de abril de forma telemática, con citas presenciales a partir del 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes vence el 30 de junio. Para acceder a la regularización, los migrantes deben demostrar que estaban en España antes del 1 de enero y acreditar al menos cinco meses de residencia continua, además de no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para la seguridad pública. El Gobierno prevé resolver las solicitudes en un máximo de tres meses y ha habilitado un operativo especial con oficinas de la Seguridad Social y Correos en todo el territorio, con refuerzo de personal.

Una novedad importante es que una vez iniciada la tramitación, los solicitantes podrán trabajar provisionalmente mientras se resuelve su expediente. La reforma también contempla medidas especiales para menores, personas vulnerables y quienes padecen enfermedades graves. El Ejecutivo considera que esta regularización reducirá la economía sumergida, aumentará la recaudación fiscal y fortalecerá la Seguridad Social.

El Gobierno sustenta la medida en razones demográficas y económicas. España enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado y necesita incorporar trabajadores para sostener el sistema de pensiones y servicios públicos. Los trabajadores extranjeros representan actualmente el 14,1 por ciento de la afiliación a la Seguridad Social, con más de 3,1 millones de personas. Según el Ejecutivo, organismos internacionales coinciden en que España necesitará entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta 2050 para mantener el Estado del bienestar. Muchos de los beneficiarios ya trabajan en sectores con alta demanda, como agricultura, cuidados y hostelería.

Esta sería la octava regularización desde la llegada de la democracia en España y la más grande desde 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 576.000 personas. Sánchez calificó la medida como "un acto de normalización" que reconoce la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana española, y la describió también como "un acto de justicia con nuestra propia historia", apelando a los españoles que emigraron a Europa y América en busca de oportunidades.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia política. El Partido Popular la rechaza tachándola de "inhumana" e "injusta", mientras que su líder Alberto Núñez Feijóo aseguró que la regularización "alimenta a las mafias" y advirtió sobre controles insuficientes. Vox anunció una campaña contra la inmigración "masiva" y adelantó que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo. Ambos partidos criticaron que se haya aprobado mediante Real Decreto en lugar de tramitarse por el Parlamento. Por su parte, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica como Cáritas respaldaron la medida, pidiendo a la Administración garantizar el acceso al proceso. La patronal también apoyó la iniciativa, destacando la necesidad de trabajadores para cubrir vacantes en sectores estratégicos.