La Universidad de Sucre atraviesa una de sus peores crisis institucionales tras destaparse un presunto montaje para inflar salarios de docentes. Según investigación del periódico El Meridiano de Córdoba y denuncias de estudiantes, un grupo de profesores manipuló sistemáticamente el sistema de remuneración basado en productividad académica, logrando que sus ingresos mensuales saltaran a cifras superiores a los 90 millones de pesos. El caso ya está en manos de autoridades nacionales y ha generado paros y protestas en el campus.

El esquema funcionaba aprovechando el Decreto 1279 de 2002, la norma que rige los salarios de docentes en universidades públicas. Este decreto permite que los profesores acumulen puntos por publicaciones, investigaciones y producción intelectual, lo que se traduce en incrementos salariales. Pero en la Unisucre, según auditorías internas, el sistema fue distorsionado de manera masiva. Docentes como Alexander Pérez Cordero saltaron de ganar $60 millones a $93 millones mensuales entre 2023 y 2025. Donicer Eduardo Montes Vergara pasó de $58 millones a $91 millones, y William Niebles Núñez trepó desde $29 millones hasta superar los $90 millones en el mismo período.

Las prácticas irregulares detectadas son varias. La primera es lo que se denomina "carrusel de coautorías": docentes se incluían como autores en artículos sin haber aportado nada real, permitiendo que un solo trabajo generara bonificación para múltiples personas. El proceso de revisión académica, fundamental para garantizar calidad, fue reducido a un trámite sin rigor. Se encontró además que publicaban masivamente en revistas de dudosa calidad académica con sede en Reino Unido, algunas que cobraban entre 450 y 600 dólares por artículo sin mayor control. Un docente llegó a presentar 76 artículos en apenas dos años, de los cuales 69 tienen alertas de irregularidades.

La inteligencia artificial también fue utilizada para cometer fraude. Los reportes muestran patrones sistemáticos de plagio, duplicidad de textos y producción masiva imposible bajo estándares científicos normales. Además, hay indicios de que docentes se apropiaron de trabajos de estudiantes, los adaptaron y los publicaron bajo sus nombres para ganar puntos. Todo esto sin controles académicos reales.

El sindicato docente ASPU quedó salpicado en el escándalo por la implicación de uno de sus directivos, León Arango Buelvas, quien pasó de ganar $12,9 millones en 2021 a $61,6 millones en 2025, ubicándose entre los principales beneficiarios de este sistema cuestionado. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, convocó sesiones extraordinarias del Consejo Superior Universitario para evaluar medidas frente a la crisis.

La Contraloría sede Sucre abrió una actuación especial de fiscalización y la Procuraduría recibió un expediente disciplinario con evidencias de posibles irregularidades. Ambas entidades buscan determinar si los puntos fueron obtenidos legalmente o mediante fraude, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias, penales y la obligación de devolver recursos públicos. Por ahora no hay sanciones definitivas, pero el caso ha expuesto fallas estructurales graves en el sistema de evaluación académica de la universidad y abierto un debate nacional sobre cómo se incentiva la productividad en la educación superior pública colombiana.