Mientras empresarios y gerentes financieros cuentan las horas para el próximo miércoles, la realidad se impone: no hay forma de escapar a la primera cuota del impuesto al patrimonio. Aunque abogados tributaristas, gremios y dueños de negocios han pedido a la Corte Constitucional que suspenda esta medida, todo indica que el máximo tribunal no se pronunciará antes de la fecha límite del 1 de abril. Según reportes, la Corte apenas comenzará a debatir la legalidad del decreto hacia la tercera o cuarta semana de abril, cuando el dinero ya debería estar en las arcas del Estado.

Ante esta incertidumbre, las empresas están en modo de supervivencia. Algunos ejecutivos consideran declarar el impuesto pero pedir un acuerdo de pago a la DIAN para extender la obligación. Otros analizan vender activos, acceder a créditos bancarios, o simplemente declarar y no pagar mientras la Corte decide si la medida es constitucional. Un gerente de una compañía en Barranquilla, que cuenta con 120 empleados, explicó el dilema real: si paga el impuesto al patrimonio de una sola cuota, tendría que desembolsar el equivalente al 30 por ciento de su nómina mensual. "Una empresa como la nuestra necesita unos metros cuadrados – bodegas- importantes para poder operar, pero eso no significa que tengamos esa liquidez", comentó. Su salida es negociar con la DIAN, porque dice que "me va a tocar hacer préstamos directamente a la Dian para poder cumplir el compromiso".

El sector financiero vive la misma angustia. En la asamblea del Grupo Aval, su presidenta María Lorena Gutiérrez reconoció que el país enfrenta una emergencia por inundaciones y frentes fríos, pero cuestionó que cobrar más impuestos sea la solución correcta. Lo llamó "un golpe a la economía y sobre todo a la inversión". El detalle que duele: mientras la mayoría de empresas pagan el 0,5 por ciento de impuesto sobre patrimonio extraordinario, el sector minero energético y financiero debe pagar el 1,6 por ciento. "En la medida en que usted paga más, con esas cosas extraordinarias, pues finalmente deja de invertir", advirtió. Esto importa porque Colombia ya sufre la inversión más baja en seis décadas.

Los gremios económicos han sacado cuentas aterradoras. Cristian Stapper Buitrago, vicepresidente de Fenalco, señala que el margen neto del comercio apenas llega al 2,51 por ciento este año. En un ejemplo concreto, Stapper describe una empresa con patrimonio de 10 mil millones de pesos que genera utilidades anuales de 251 millones. Después de pagar 87,8 millones en impuesto de renta y sumar 150 millones del nuevo impuesto al patrimonio, el Estado confisca el 94,7 por ciento de lo que la empresa generó. Para Stapper, esto crea un "escenario de muerte clínica" donde las empresas deben "consumirse a sí mismas para cumplir con el fisco".

Bruce MacMaster, presidente de la Andi, fue más directo en redes sociales: si la Corte no suspende el decreto antes del 1 de abril, se causará un "inmenso perjuicio" a un sector que ya carga con una de las mayores tributaciones del mundo. El problema añadido es que las empresas nunca incluyeron este impuesto en sus proyecciones financieras. Ahora muchas tendrán que salir a vender activos solo para pagarlo. MacMaster también recordó que el Gobierno justificó esta medida por la emergencia invernal en Córdoba, pero los cálculos muestran que el recaudo esperado (unos 8 billones de pesos) es mucho mayor que el costo real de la calamidad.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, resumió los principales reproches al impuesto: es "antitécnico, no tiene piso legal, castiga la inversión, pone en riesgo empleos" y obliga a las empresas a vender activos, endeudarse o reducir operaciones. La incertidumbre seguirá hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Hasta entonces, los empresarios apenas pueden esperar y prepararse para lo peor.