La confrontación arancelaria entre Ecuador y Colombia está dejando un reguero de alarmas en el sector privado de ambas naciones. Este lunes, empresarios de los dos países se reunieron en Quito para advertir sobre las consecuencias económicas de una guerra comercial que apenas lleva dos meses y ya muestra cifras preocupantes.

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, fue directo en su diagnóstico: "Desde el sector exportador advertimos que el potencial riesgo de la implementación de esta escalada arancelaria son al menos 25 millones de dólares por mes. Y si es que toma forma el anuncio del 50 por ciento para casi la totalidad de la oferta exportable del Ecuador, esto ascendería a 75 millones. El impacto se podría triplicar". El conflicto comenzó en enero cuando el presidente Daniel Noboa anunció un arancel del 30 por ciento a productos colombianos, justificándolo en supuestos incumplimientos en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Colombia respondió con gravámenes al 73 por ciento de productos la semana pasada, mientras Ecuador intensificó aún más su medida elevándola al 50 por ciento desde hace pocos días.

Los números de desempleo potencial son igual de alarmantes. En Ecuador, unos 40 mil empleos directos vinculados a la cadena exportadora estarían en riesgo. Desde el lado colombiano, la Asociación Nacional de Industriales reporta que más de 7 mil 600 importadores ecuatorianos ya han reducido drásticamente sus compras: entre el 1 y 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron un 69 por ciento en valor y un 61 por ciento en operaciones. El impacto también llega a sectores críticos como la medicina. Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos alertan que el 15 por ciento de los insumos médicos del país proviene de Colombia, lo que con el arancel del 50 por ciento genera un costo adicional de 21 millones de dólares.

Pero hay otra preocupación que ronda las mesas directivas: el comercio informal y el contrabando. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fue contundente al señalar que "cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece". Los empresarios sostienen que aunque están comprometidos con la seguridad, las barreras arancelarias simplemente no desarticulan al crimen organizado. "Las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado", argumentó González, defendiendo la idea de que seguridad y comercio son agendas que deben tratarse por separado.

Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, fue más allá al pedir que se paralicen las medidas mientras se abre un canal directo de diálogo entre los presidentes Noboa y Gustavo Petro. "La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad", argumentó Navarro, recordando que no se trata de quién tiene la razón sino de proteger empleos, estabilidad y la integración regional. Desde Colombia, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, reitero que "no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad". El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los 3 mil millones de dólares y representa un caso de éxito de integración que está en peligro. Mac Master pidió "separar la discusión de seguridad de la discusión comercial" y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en "moneda" de cambio.