El sector productivo colombiano encendió las alarmas tras la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de abandonar el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) calificó la medida como un golpe con "muy serias implicaciones" para la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Para entender por qué esta decisión asusta a los empresarios, hay que comprender qué es ese sistema. Se trata de un mecanismo que actúa como árbitro cuando surge una pelea entre un inversionista extranjero y el Estado colombiano. Es rápido, transparente y reconocido internacionalmente. Cuando una multinacional o un empresario extranjero piensa en invertir dinero en un país, necesita saber que si las cosas se tuercen, existe un tribunal imparcial que resolverá el conflicto. Sin eso, los inversionistas temen perder su dinero sin protección alguna.

Según la Andi, abandonar este mecanismo sin ofrecer una alternativa viable en el corto plazo envía la peor señal posible a los mercados globales. "Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, sólo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados que también aspiran ser destino para la inversión internacional", sostuvo la Andi en su comunicado.

El sector empresarial critica no solo la decisión en sí, sino cómo se tomó. Los empresarios señalan que parecía responder a posiciones ideológicas más que a evidencia técnica, y lamentan que no se haya contado con su participación ni con análisis detallados antes de actuar. "Las narrativas ideológicas deberían ceder su espacio a un estudio basado en datos estadísticos, a análisis en detalle y, de ser necesario, a propuestas de ajuste", dice el comunicado.

Las consecuencias prácticas son concretas: menos inversión extranjera significa menos empresas nuevas, menos empleos para los colombianos y menos dinero circulando en la economía. Cada inversionista que decide ir a otro país es una fábrica que no se construye, trabajos que no se crean y capital que no llega a las regiones.

Hasta ahora, el Gobierno Nacional no ha presentado una respuesta detallada a las críticas ni ha propuesto un mecanismo alternativo que reemplace las garantías que ofrecía el sistema de arbitraje internacional. La ausencia de un plan B deja el mercado en la incertidumbre, justo lo opuesto a lo que se necesita para atraer capital extranjero.