Colombia enfrenta uno de los escándalos políticos más serios de los últimos años. Más de treinta congresistas están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia bajo la acusación de haber vendido sus votos en asuntos críticos del país, como la aprobación del presupuesto nacional y créditos internacionales, a cambio de recibir contratos públicos de obra vial dirigidos a sus territorios. La revista Semana destapó un expediente que revela cómo la estrategia habría funcionado de manera sistemática durante buena parte de 2025.

El monto es lo que más alarma a los investigadores. Los contratos cuestionados superarían el billón de pesos, distribuidos en más de sesenta acuerdos gestionados principalmente a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Ministerio de Hacienda. La documentación decomisada incluye tablas de asignación, registros de seguimiento, mensajes de chat y videos que buscan probar que existió un patrón deliberado donde los legisladores exigían obras para sus municipios a cambio de respaldar las iniciativas del presidente Gustavo Petro. Los nombres de los investigados incluyen a congresistas de diferentes bancadas, muchos de ellos miembros de las comisiones de Senado y Cámara encargadas de las decisiones presupuestales más importantes.

Lo grave es que no se trata solo de legisladores. La investigación también apunta a exfuncionarios y funcionarios activos del Ejecutivo que habrían facilitado la entrega de estos contratos como herramienta de negociación política. Una exasesora del Ministerio de Hacienda aparece como testigo central, según conoció Semana, y habría proporcionado detalles sobre cómo se actualizaban los listados de beneficiarios según las necesidades de cada votación en el Congreso. Su testimonio podría revelar si hubo órdenes directas desde altos niveles del Gobierno para impulsar este esquema.

Por ahora, la investigación está en fase preliminar y la Corte Suprema aún no ha tomado decisiones de fondo. Pero el golpe político ya es evidente. El Ejecutivo ha enfrentado crecientes dificultades para sacar adelante sus reformas en el Congreso, y este caso evidencia una de las formas más crudas de cómo se negocia el poder en Bogotá: con dinero público de todos los colombianos. Si los hechos se confirman, las consecuencias institucionales serían profundas, tanto para los legisladores implicados como para funcionarios del Gobierno. El país ahora espera las decisiones de la Corte Suprema en un caso que, de probarse, podría redefinir la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.