El Gobierno Nacional oficializó el pasado 25 de marzo un nuevo ajuste salarial para los empleados públicos que entra en vigencia en 2026. A través del Decreto 0312, se fijó un incremento del 7% que aplica de forma retroactiva desde el primero de enero del presente año.

El aumento beneficia a trabajadores de la rama ejecutiva nacional, corporaciones autónomas regionales, docentes de colegios y universidades públicas, jueces, funcionarios de la Contraloría, la Dian, la Aeronáutica Civil, personal civil del Ministerio de Defensa y miembros de la Fiscalía General de la Nación.

Según el decreto, el porcentaje del 7% se determinó a partir de dos componentes: el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para 2025, que fue del 5,1%, más un incremento adicional del 1,9%. Esta fórmula resultó de las negociaciones entre el Gobierno y las centrales sindicales en la mesa de acuerdos del sector público.

Sobre el pago del retroactivo, existe un punto importante que los empleados deben tener en cuenta. Según lo indicado por Función Pública, no existe un cronograma único ni una fecha establecida a nivel nacional para efectuar este desembolso. Cada entidad pública tiene autonomía para organizar sus propios tiempos y procedimientos administrativos de nómina.

En la práctica, la mayoría de empleados públicos suele recibir estos ajustes retroactivos entre abril y mayo, aunque estos plazos pueden variar significativamente dependiendo de la institución. Además, el monto del retroactivo se calcula de manera acumulativa, lo que significa que mientras pase más tiempo sin ser pagado, el valor total aumentará conforme avanzan los meses.