A partir de este año, la reforma laboral en Colombia trajo cambios concretos para las empleadas domésticas que laboran por jornadas. El salario mínimo de 2026 es de $1.750.905 mensuales, y a partir de ahí se calcula lo que debe recibir diariamente una trabajadora del hogar. El resultado es un piso de $76.394 por día, cifra que combina el salario base proporcional de $58.364 y el auxilio de transporte proporcional de aproximadamente $8.303.

Esta obligación está consignada en la Ley 2466 de 2025, sancionada en junio del año pasado. El propósito es claro: formalizar un sector donde históricamente ha predominado la informalidad. Con más de 700.000 personas trabajando como empleadas domésticas en Colombia, la mayoría mujeres, la reforma busca equiparar sus derechos con los del resto de la fuerza laboral del país.

Pero el piso salarial es solo una parte. La ley también exige contrato escrito donde consten la jornada, el salario, horarios y forma de pago. Además, los empleadores deben afiliar a sus trabajadoras a seguridad social integral: salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. Esta afiliación completa se exige cuando la empleada labora entre 22 y 30 días al mes con jornadas de ocho horas.

Las prestaciones sociales también tienen que pagarse de forma proporcional al tiempo trabajado. Esto incluye prima de servicios, cesantías con sus intereses, y vacaciones de 15 días hábiles remunerados al año o su equivalente proporcional. No es un gasto menor para empleadores, pero la reforma lo deja claro: trabajar por días no elimina el derecho a estas prestaciones.

Otro cambio importante es que la jornada diaria no puede exceder ocho horas, y cualquier hora adicional debe pagarse como extra. Además, el recargo nocturno ahora inicia a las 7:00 p.m., lo que afecta a quienes trabajan en horarios extendidos. La jornada laboral máxima en Colombia se ha reducido progresivamente hasta las 42 horas semanales, y las empleadas domésticas quedan incluidas en esta protección.

Los expertos ven esta reforma como un paso importante para reducir la brecha entre trabajadoras formales e informales en el sector del hogar. El desafío ahora está en la fiscalización y el cumplimiento real de estas normas en los hogares colombianos.