Con sus credenciales presidenciales en mano, Abelardo de la Espriella llega al poder con una propuesta ambiental que marca distancia con la administración anterior. Su programa, titulado "Milagro Ambiental: Bioeconomía, Legalidad y Prosperidad para Colombia", plantea una visión donde los grandes problemas ambientales del país son, ante todo, problemas de seguridad nacional. La deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el tráfico de fauna prospera porque amplias regiones siguen bajo control de economías criminales. Por eso, el nuevo gobierno priorizaría recuperar el control estatal sobre esos territorios antes que expandir áreas protegidas o endurecer regulaciones ambientales.

Esta estrategia convierte la política ambiental en una extensión de la seguridad. El corazón de la propuesta es la estrategia ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, desarrollada con asesoría de la ambientalista Sandra Bessudo. En teoría los tres pilares tienen el mismo peso, pero el documento detalla más las acciones sobre control territorial y vigilancia ambiental que los mecanismos concretos para fortalecer a las comunidades que deberían ser protagonistas de la transición hacia economías sostenibles.

En materia de agua, promete proteger cuencas, descontaminar ríos afectados por mercurio y fortalecer la seguridad hídrica. Con biodiversidad, busca reducir la deforestación, combatir el tráfico de especies y proteger ecosistemas estratégicos. Sin embargo, el plan no desarrolla con precisión cómo enfrentará factores estructurales que impulsan la pérdida de bosque, como el acaparamiento de tierras o la expansión ganadera.

Uno de los puntos más sensibles es la visión sobre hidrocarburos. A diferencia del gobierno anterior, De la Espriella considera que el petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para financiar el desarrollo nacional y la transición energética. La propuesta es usar las rentas de estos sectores para impulsar energías renovables y proyectos de bioeconomía. Mantendría durante varios años una dependencia significativa de actividades extractivas mientras se construye una nueva matriz energética.

El fracking es particularmente controversial. De la Espriella propone realizar proyectos piloto sometidos a estrictos controles ambientales, monitoreo permanente, participación comunitaria y supervisión técnica independiente. El plan excluye páramos y áreas protegidas, pero deja abierta la posibilidad de avanzar si los resultados técnicos favorables se demuestran. Lo problemático es que la zona donde podrían realizarse estas actividades está ubicada en el Magdalena Medio, un punto hídrico clave para el país. Ambientalistas y líderes territoriales ya cuestionan esta tecnología por sus posibles impactos sobre fuentes hídricas y ecosistemas.

El programa también propone simplificar trámites ambientales, agilizar permisos, digitalizar procesos y reformar el Sistema Nacional Ambiental. El desafío será equilibrar velocidad sin sacrificar el rigor técnico de las evaluaciones. Aunque menciona comunidades como parte de su modelo, el plan ofrece pocas precisiones sobre cómo las fortalecerá para participar en decisiones ambientales o garantizar que accedan a economías legales sostenibles.

Con la posesión a la vista, la pregunta central será si el énfasis en control territorial será suficiente para resolver problemas ambientales que también están ligados a conflictos por la tierra, debilidad institucional en regiones remotas y falta de oportunidades económicas para comunidades que viven en los ecosistemas más estratégicos del país.