Un tribunal de Cundinamarca le ordenó a Nueva EPS que publique inmediatamente los estados financieros de los últimos tres años, que la entidad ha mantenido sin revelar al público desde su intervención por parte del Gobierno nacional. La sentencia de primera instancia concluye que la EPS violó sus obligaciones legales de transparencia financiera respecto a los años 2023, 2024 y 2025.

La orden judicial surge luego de que la Fundación para el Estado de Derecho promoviera una acción de cumplimiento, un mecanismo legal que busca forzar a las entidades públicas o privadas vigiladas a cumplir normas que incumplen deliberadamente. El tribunal determinó que Nueva EPS incumplió lo establecido en la Ley 222 de 1995 y en regulaciones específicas de la Superintendencia Nacional de Salud que obligan a divulgar estos reportes financieros de forma oportuna.

La relevancia de esta decisión radica en quién es Nueva EPS: la aseguradora más grande de Colombia con más de 11 millones de afiliados. Su situación es crítica porque actualmente está bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, circunstancia que aumenta el escrutinio sobre cómo maneja los recursos. Según el Tribunal, la ausencia de estados financieros actualizados impide que autoridades, usuarios y la ciudadanía puedan evaluar la salud económica de la entidad y ejercer control sobre los dineros que administra.

Durante el proceso judicial, Nueva EPS argumentó que enfrentaba procesos internos complejos de revisión contable que justificaban los retrasos. El Tribunal rechazó estos argumentos y fue claro: las actuaciones internas no suspenden ni reemplazan las obligaciones legales de transparencia. La corporación judicial consideró que estos deberes son inaplazables.

Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, había afirmado en mayo que los estados financieros estarían listos en las primeras semanas de junio. Sin embargo, la sentencia demuestra que los reportes seguían sin publicarse cuando se falló el caso. La orden judicial establece un plazo máximo de tres meses desde que la sentencia quede ejecutoriada para que Nueva EPS elabore, certifique y publique toda la información pendiente.

El fallo también refleja un momento de tensión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Nueva EPS enfrenta una deuda cercana a los 26 billones de pesos, problemas severos de liquidez agravados por embargos judiciales, y dificultades para abastecer medicamentos que afectan a millones de usuarios. Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, afirmó que "esta decisión reafirma que las obligaciones de transparencia deben cumplirse sin excepción. La información financiera de una entidad que administra recursos públicos y presta servicios de salud a millones de colombianos debe ser pública".