El aumento del nivel del mar dejó de ser una advertencia para convertirse en una amenaza concreta para el Caribe colombiano. Una investigación publicada en la revista Current Climate Change Reports proyecta que hacia finales de siglo amplias franjas costeras podrían quedar sumergidas, alterando ecosistemas estratégicos y la vida de miles de personas que dependen del mar. El estudio, liderado por el capitán de fragata y doctor en Seguridad Ambiental Rafael Hurtado Valdivieso, se enfoca en dos territorios clave: la Reserva de Biosfera Seaflower y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Según el análisis, basado en escenarios de altas emisiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el nivel del mar podría aumentar entre 0,78 y 0,88 metros en Seaflower y entre 0,94 y 1,04 metros en la Ciénaga Grande antes del año 2100. Aunque estos números parecen pequeños, su impacto territorial es profundo. "Ese incremento vertical tiene un efecto horizontal: el agua se mete a zonas que hoy están emergidas y que sabemos que van a quedar bajo el agua", explicó Hurtado. No se trata solo de centímetros en el nivel del mar, sino de kilómetros de costa que podrían transformarse o desaparecer.

Las playas emergen como los ecosistemas más vulnerables. En San Andrés, sectores clave como Spratt Bight, la principal playa de la isla y epicentro del turismo, podrían ser ocupados por el agua. "Si el agua se mete hasta aquí, olvídese de playa, olvídese de turistas, olvídese de toda esa actividad productiva", advirtió Hurtado. Esta transformación afectaría no solo la economía formal del turismo, sino también a vendedores informales y pescadores que viven del día a día.

Los manglares enfrentan un riesgo crítico. Estos ecosistemas, esenciales para proteger las costas, almacenar carbono y permitir la reproducción de especies marinas, podrían desaparecer en zonas donde la infraestructura impide su migración natural. "Perdiendo los manglares, perdemos una sala cuna de especies de las que los pescadores viven y comen", señaló el investigador. Pastos marinos y lagunas costeras también se verían afectados, lo que reduciría la captura de carbono y el sostenimiento de recursos pesqueros.

El impacto social es particular en ambos territorios. En la Ciénaga Grande, más de 3.500 pescadores artesanales dependen directamente de estos ecosistemas para vivir. En Seaflower, comunidades enteras subsisten del turismo y la pesca. El cambio ya es visible: en San Andrés, jóvenes han comenzado a abandonar la pesca porque los peces cercanos a la costa escasean y es necesario ir cada vez más lejos, con mayores riesgos. "Ya los peces cerca a la isla no son suficientes, y eso obliga a salir más lejos, con mayores riesgos", señaló Hurtado, advirtiendo además sobre posibles consecuencias como el aumento de la vulnerabilidad y la informalidad.

Ante este panorama, el estudio plantea la urgencia de implementar medidas de adaptación y mitigación. Entre ellas se destacan soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares y protección de ecosistemas costeros que actúen como barreras naturales. "Debemos pensar menos en infraestructura dura y más en soluciones que aumenten la resiliencia natural", señaló Hurtado. Sin embargo, advierte que la respuesta institucional aún es insuficiente. "Veo muy poca acción a nivel local en medidas de mitigación y adaptación", afirmó, insistiendo además en diversificar las fuentes de ingreso de las comunidades y mejorar el acceso a la educación, para que no dependan exclusivamente de la pesca y el turismo.