Las elecciones latinoamericanas de 2026 dejaron de ser simples competencias democráticas para convertirse en pruebas de resistencia de las instituciones. Lo que está ocurriendo en Perú y Colombia no es casualidad, sino la repetición de un patrón que aparece cuando los resultados son ajustados y el poder cambia de manos. Es un guión conocido: cuando las urnas no favorecen a un proyecto político, la disputa abandona los votos y se traslada a los tribunales, las calles y, sobre todo, a las narrativas.

En Colombia, el Consejo Nacional Electoral confirmó que Abelardo De la Espriella ganó con 12.960.166 votos, apenas 624 más que en el preconteo. Iván Cepeda obtuvo 12.708.312 votos. En Perú, Keiko Fujimori se impuso sobre Roberto Sánchez por una diferencia de apenas 49.641 votos en una de las elecciones más cerradas de la historia reciente. Ambas fueron derrotas para candidaturas de izquierda que buscaban continuar proyectos políticos previos.

Ante resultados tan ajustados, ambos perdedores desplegaron la primera fase del manual: sembrar incertidumbre. No necesariamente buscaban cambiar el resultado, sino instalar la sospecha de que los números no merecen confianza. En Perú, Sánchez intentó anular 2.398 mesas de votación, pero el Jurado Nacional de Elecciones describió su pretensión como "inverosímil" y "fantasiosa y ridícula", sin respaldo probatorio. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció irregularidades en más de 5.300 mesas, afirmando que existen "votos imposibles" y que el censo fue alterado con 885.400 cédulas irregulares. La Registraduría ratificó la transparencia del proceso.

Cuando los números no alcanzan para revertir resultados, el objetivo cambia. Ya no se cuestiona solo el conteo: se ataca al árbitro, al ganador y la legitimidad misma de la voluntad popular. Esto da paso a la segunda fase: transformar una derrota electoral en una disputa sobre la legitimidad del Estado.

Juan Pablo Milanese, profesor de ciencia política de la Universidad Icesi, explicó a EL COLOMBIANO que "este comportamiento no es exclusivo de una sola posición ideológica". Aunque figuras de derecha como Trump y Bolsonaro llevaron estas tácticas al extremo, en 2026 se observan patrones idénticos en líderes de izquierda. El problema de fondo es la polarización extrema: para políticos y ciudadanos parece que todo está en juego en cada elección, lo que "desgasta la institucionalidad sin calcular el daño que se le infringe a la democracia".

Milanese advierte que cuando actores políticos rompen las reglas democráticas —llamando a la "desobediencia civil pacífica" o narrando fraudes sin pruebas— las desgastan como herramientas para mediar conflictos. Esto aumenta la confrontación. Un factor adicional es la red social: relacionarse solo con quienes piensan igual produce una falsa sensación de mayoría que desaparece cuando los resultados muestran que el país está dividido.

La fase final del manual es trasladar la contienda a las calles. Iván Cepeda anunció que emprendería "desobediencia civil pacífica", mientras que Vivian Marín, de la Juventud Comunista, afirmó que la tarea es "hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella". En Perú, Sánchez anunció una "coalición de resistencia". Estas declaraciones en Colombia ya generaron denuncias por terrorismo. Los precedentes son preocupantes: Trump y Bolsonaro usaron narraciones similares de fraude sin pruebas para movilizar seguidores, lo que derivó en asaltos al Capitolio y a sedes de poderes en Brasilia.

Voces moderadas han levantado la voz. En Perú, la excandidata Marisol Pérez Tello pidió a Sánchez "perder con dignidad". En Colombia, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue enfático: "hay que respetar la democracia" ante los intentos de incendiar el país por no haber ganado la elección. Para Milanese, superar esta crisis requiere "retomar la tolerancia al otro, el pragmatismo contra el dogma ideológico extremo y una verdadera disposición a negociar". Aprender a perder con dignidad, reconocer que los acuerdos son posibles y vitales, se vuelve cada vez más necesario en una región donde la confrontación amenaza con erosionar las bases mismas de la convivencia democrática.