La situación es crítica y el reloj no para. En 2025, la Fuerza Pública sufrió 333 ataques efectivos con drones, comparados con apenas 61 el año anterior. La cifra es alarmante: 20 militares asesinados y 297 heridos, resultado de 8.395 intentos de ataque. Ante esta amenaza creciente, el Estado diseñó el Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de defensa contra los drones explosivos que grupos armados ilegales utilizan cada vez con mayor sofisticación. El problema es que el contrato para hacerlo realidad se ha convertido en una papa caliente que ahora pasará a las manos del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El proyecto tiene una asignación de unos 6,3 billones de pesos, con una primera inversión de cerca de 800 mil millones aún sin ejecutarse completamente. Aunque el cronograma original preveía que para mayo ya estaría firmado el contrato, la adjudicación inicial sigue estancada. El representante José Jaime Uscátegui ha advertido a la administración entrante que no "firme a ciegas" y ha pedido una revisión integral del proceso antes de comprometer esos recursos públicos.

Los cuestionamientos son profundos. Cuando el Ministerio de Defensa convocó a empresas interesadas el 16 de enero, apenas una de las 117 firmas que manifestaron interés cumplía con los requisitos. Varios asistentes después señalaron que el Estado no tenía definidas claramente sus especificaciones técnicas. "En lugar de definir primero las especificaciones y luego buscar quién podía cumplirlas, les pidieron a los proveedores que ofrecieran sus soluciones y después evaluarían cuál servía", explicó una fuente enterada. El problema es que el Gobierno no sabía bien ante qué se enfrentaba: mientras evaluaba tecnologías para drones controlados por radiofrecuencia, el ELN y algunas disidencias ya utilizaban drones guiados por fibra óptica, mucho más difíciles de neutralizar.

Luego vinieron los viajes que levantaron las cejas. El 20 de enero, el ministro Pedro Sánchez viajó a Catar para asistir a la feria internacional Dimdex, evento financiado casi completamente por el gobierno catarí. Allí se reunió con empresas proveedoras, incluida la estatal Barzan Holdings. Días después, la entonces viceministra Angélica Verbel viajó a Turquía para contactar a la empresa MKE. Lo curioso es que desde junio de 2025 ya existía un memorando de entendimiento entre Colombia y Turquía, lo que sugería que los intereses en determinados proveedores venían de atrás. Uscátegui considera que esto dio la impresión de que el proceso dejó de ser una licitación abierta para favorecer acuerdos con ciertos gobiernos.

Hoy el Gobierno negocia con proveedores de India y compañías estadounidenses. Se analiza incluso una compra combinada entre ambos países, asumiendo que sus sistemas son compatibles. Sin embargo, persisten dudas sobre la experiencia de los proveedores indios en estas tecnologías y en escenarios de combate real.

Más allá de las preocupaciones por transparencia, expertos como Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, han advertido que los grupos armados ilegales adaptan sus capacidades rápidamente. El asunto no se resuelve solo comprando sistemas antidrones. Se requiere una estrategia integral que combine regulación, protocolos de actuación, tecnologías de detección como radares y sensores, mecanismos de neutralización como interferencia electrónica y drones interceptores, y capacidades ofensivas para ubicar y atacar a quienes operan estos dispositivos.

El nuevo gobierno tendrá que decidir si mantiene el proceso tal como está estructurado o introduce cambios. Lo que está claro es que la amenaza de los drones explosivos es real y urgente, pero el camino para adquirir la defensa adecuada ha sido sinuoso y está lleno de incertidumbres que aún no se resuelven.