Un video que circula en redes sociales pone otra vez bajo la lupa las prácticas de compra de votos en Colombia. En la grabación, el exalcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos, un sacerdote cercano a la izquierda con antecedentes de condena por corrupción, habla sin tapujos sobre cómo funcionaba el esquema en la ciudad durante la campaña presidencial. "Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente", dice. Luego es más directo: "Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro".

Lo que Hoyos revela públicamente ahora, dos semanas después de las elecciones del 21 de junio, parece confirmar lo que ya denunciaban las autoridades electorales: múltiples reportes de irregularidades en distintas regiones del país. Una fuente que conoció de cerca estos movimientos le contó a EL COLOMBIANO cómo habría funcionado todo. El sistema comenzaba antes de que la gente llegara a votar. Operadores políticos, conocidos como "mochileros", se encargaban de reclutar votantes, coordinarlos y llevarlos a puestos electorales específicos. Una vez que la persona votaba, debía salir del puesto electoral y caminar hasta comandos políticos cercanos, donde entregaba su certificado electoral para demostrar que había cumplido su parte. "Es un mecanismo de control social", explica la fuente, que permitía verificar la movilización de votantes y mantener el registro de quiénes hacían parte de la operación.

Los beneficios variaban según el sector. En algunas zonas de Barranquilla les daban sopa y pastel; en otras, hasta 50 mil pesos por persona. Según la misma versión, este modelo se habría replicado en otras ciudades del país con estructuras más complejas. En esa red estarían involucrados clanes políticos tradicionales como los Torres, los Pulgar y el grupo de Armando Benedetti. También hay señalamientos contra senadores como Agmeth Escaf y Pedro Flórez, aunque sin confirmación oficial aún.

El entonces candidato Abelardo De la Espriella, quien ganó las elecciones, ya había denunciado a 30 presuntos implicados en estos hechos. En junio, durante una transmisión en vivo dirigida simbólicamente al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, leyó públicamente los nombres incluyendo excandidatos presidenciales, funcionarios y congresistas. Pidió que se les cancelaran las visas y que fueran incluidos en listas de sanciones internacionales. En comentarios en redes, usuarios reportaron cifras de hasta 350 mil pesos por voto en la primera vuelta y entre 500 mil y 600 mil en la segunda vuelta.

Por ahora, no hay decisiones judiciales que confirmen estas denuncias ni investigaciones concluidas que establezcan responsabilidades. Pero el video de Hoyos, junto con los testimonios y reportes de la jornada electoral, trae nuevamente a la conversación una práctica que marca la política colombiana desde hace décadas: la compra del voto como herramienta para inclinar elecciones.