Hace poco un film sobre el almirante José Prudencio Padilla causó polémica por recibir 8.104 millones de pesos del FUTIC. Eso despertó curiosidad sobre cómo funciona realmente este fondo que debería enfocar recursos en conectividad. Lo que encontraron fue preocupante: el dinero que aporta mayoritariamente el sector de telecomunicaciones está siendo repartido cada vez más parejo entre ampliar Internet y financiar televisión pública.

El FUTIC nació en 2019 fusionando dos fondos antiguos: uno para tecnología e Internet y otro para televisión pública. La idea era simplificar cómo se administraba el dinero público del sector TIC. Pero aquí está el punto crucial: ese dinero viene principalmente de las contraprestaciones (pagos) que hacen los operadores de telefonía por usar el espectro radioeléctrico. En 2025, del presupuesto del fondo de 1,65 billones de pesos, el 84% proviene de empresas de telecomunicaciones. Solo el 4,5% viene de televisión y radiodifusión. Dicho de otro modo: las telecom aportan la torta, pero ahora se la están repartiendo casi igual con audiovisual.

En 2022 esto se veía diferente. Dos tercios del dinero del FUTIC iban a proyectos de conectividad: expandir redes, llevar Internet a zonas rurales, cerrar la brecha digital. Una cuarta parte financiaba RTVC y la televisión pública. Pero en los últimos años esa proporción se equilibró. Para 2025, lo destinado a RTVC, canales regionales y contenidos audiovisuales ya representa el 30%. Para 2026 va a superar un tercio del presupuesto (645 mil millones de pesos), prácticamente igual a lo que se invierte en conectividad (681 mil millones).

Aquí viene lo más grave: la ley que creó el FUTIC protegió legalmente la financiación de televisión pública con un piso mínimo anual ajustado por inflación. Esto significa que RTVC y los canales regionales tienen garantizado recibir, como mínimo, lo que recibían antes de 2019. Pero la conectividad no tiene esa protección. La inversión en cerrar la brecha digital depende de decisiones presupuestales anuales del Gobierno, no de un piso legal. Cuando el fondo tiene presiones financieras (y las tiene: necesitó 964.000 millones de pesos en transferencias de otras entidades en 2025), es la conectividad la que cede.

La realidad es que Colombia sigue con profundas brechas digitales. Millones de personas en zonas rurales aún no tienen acceso a Internet de calidad. Para un país que necesita mejorar productividad y competitividad, esto es más urgente que equiparar gastos entre expandir redes e invertir en producción audiovisual. La televisión pública es importante, nadie lo discute. Pero no debería tener la misma prioridad presupuestal que sacar a millones de colombianos de la desconexión digital. La ley permitió que esto sucediera, y ahora el dinero de las telecom se reparte en partes casi iguales entre dos objetivos que, por lógica de desarrollo, deberían tener pesos muy diferentes.