Una mansión de más de mil metros cuadrados en Barrancas acaba de pasar a manos del Estado. La Sociedad de Activos Especiales recuperó formalmente el inmueble tras un proceso de extinción de dominio vinculado al exgobernador Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar, quien cumple condena en un establecimiento carcelario del INPEC por delitos graves que marcaron la historia reciente de La Guajira.

El operativo de desalojo y recuperación física de la propiedad se realizó de manera ordenada, según reportes oficiales. La mansión estaba ocupada por familiares del exmandatario condenado. Para garantizar que todo transcurriera dentro de la ley, la Dirección Territorial Caribe de la SAE coordinó el procedimiento con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación y autoridades municipales locales.

Lo que hace especial este caso es la historia que hay detrás. Gómez Cerchar fue sentenciado por su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y también por sus nexos con estructuras armadas ilegales que operaron en la región. Esta propiedad, durante años, fue símbolo del poder político y económico que ejercía en el sur de La Guajira. Su recuperación es ahora uno de los bienes más visibles del inventario que administra la SAE en la costa caribeña.

La extinción de dominio funciona de manera distinta a un proceso penal común. Según especialistas en derecho, es una herramienta autónoma que permite al Estado recuperar bienes asociados a actividades ilícitas sin necesidad de compensar a los antiguos propietarios cuando se acredita su origen o destinación illegal. En este caso, los trámites judiciales ya están en firme.

Por ahora, la mansión permanece bajo custodia provisional de la Policía Nacional mientras la SAE tramita administrativamente su destinación final. El Estado baraja varias opciones: asignarla a entidades públicas, usarla para proyectos sociales o eventualmente venderla para generar recursos que fortalezcan programas estatales. La decisión dependerá de estudios técnicos y jurídicos que aún están en curso.

Mantener estos bienes recuperados ha sido históricamente uno de los principales retos del Estado colombiano. Los costos de mantenimiento, los litigios pendientes y las dificultades para su comercialización o asignación han consumido recursos en años pasados. Por eso, en los últimos tiempos, la SAE ha insistido en acelerar tanto la monetización como la destinación social de estos activos.

Con la recuperación de esta propiedad en Barrancas, el país consolida un paso más en la aplicación de la justicia patrimonial. El resultado final sobre qué hacer con esta mansión será más que un trámite administrativo: podría convertirse en un activo institucional, en un proyecto que beneficie a la comunidad o simplemente en dinero para las arcas públicas. Lo que está claro es que un bien ligado a un caso que marcó a La Guajira ahora está nuevamente bajo control estatal.