Cuando el Gobierno anunció el aumento del salario mínimo en 23 por ciento hace unas semanas, nadie esperaba que los pensionados colombianos salieran perdiendo. Sin embargo, eso fue lo que pasó. Miles de jubilados vieron sus mesadas reducidas hasta en 30 por ciento, un golpe que llegó sin aviso por culpa de una cadena de efectos matemáticos que nadie necesariamente vio venir.

Ricardo Guerra, presidente de Colfondos (una de las principales administradoras de fondos de pensiones), fue claro al explicar que no hay nada discrecional en lo ocurrido. "Es un tema absolutamente aritmético", señaló. El sistema de pensiones privadas en Colombia funciona con una lógica actuarial. Cuando alguien se jubila en modalidad de retiro programado, su mesada mensual se recalcula cada año. La idea es sencilla: dividir el dinero ahorrado entre los años que estadísticamente le quedan de vida. Si cambian las variables, el número que recibe cada mes tiene que cambiar también.

En diciembre ocurrieron dos cosas simultáneas que dispararon todo. Primero, el salario mínimo subió no solo 23 por ciento nominal sino cerca de 28 por ciento en términos reales, el incremento más alto registrado en 50 años. Segundo, el Gobierno modificó un decreto que desde 2016 limitaba el impacto de estos aumentos en las rentas vitalicias (esos productos que garantizan pensión de por vida). El resultado fue que el costo de comprar una renta vitalicia pasó de aproximadamente 350 millones de pesos a 550 millones: un aumento cercano al 57 por ciento de la noche a la mañana. Eso significó que 20.000 personas que estaban listas para comprar esa seguridad al final del 2025 se quedaron con la puerta cerrada en enero de 2026. Les hacía falta 200 millones de pesos adicionales que simplemente no tenían.

El efecto más visible fue el recalcular de mesadas. En retiro programado, cuando sube el salario mínimo de forma tan abrupta, el mercado de bonos también reacciona. Los precios bajaron por el entorno macroeconómico, lo que significa que el capital proyectado de los jubilados perdió valor. Si ese capital debe durar más años bajo estas nuevas condiciones, la cantidad mensual que pueden recibir tiene que bajar. A nivel de toda la industria, 72.600 pensionados fueron afectados por este recalcular.

Pero los daños no pararon ahí. Alrededor de 6.000 personas que estaban a punto de jubilarse dejaron de cumplir los requisitos de capital mínimo requerido, así que tendrán que seguir trabajando más tiempo. Cerca de 32.000 personas tuvieron que migrar al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, un colchón de seguridad respaldado por el Estado que ya está bajo presión. Guerra advirtió que este fondo necesitaría alrededor de 5 billones de pesos adicionales para mantener su funcionamiento. El Gobierno será quien tenga que poner ese dinero cuando se agote.

Otro efecto menos visible pero igualmente grave fue el aumento del seguro previsional (el costo de asegurar que la pensión se pague aunque la aseguradora tenga problemas). Subió de 2,4 a 2,63 por ciento. Parece poco, pero nos estamos acercando al límite legal del 3 por ciento. Cuando las cosas se encarecen demasiado, las aseguradoras pierden interés en ofrecer el servicio y el sistema empieza a fallar. En comparación, en Chile el seguro previsional está en 1,5 por ciento. El trabajador colombiano paga cerca de un punto porcentual más que sus vecinos del sur por el mismo servicio, lo que refleja un problema regulatorio que debería revisarse.

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