Cuando el presidente Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo del 23,7 por ciento para 2026, parecía una buena noticia para los trabajadores. Pero en el sistema de pensiones generó una cascada de problemas que afectó a más de ciento treinta mil personas en el país. Los fondos de pensiones tuvieron que recalcular casi todo, y el resultado fue que muchos jubilados vieron disminuidas sus mesadas, mientras otros ni siquiera pudieron pensionarse cuando pensaban hacerlo.

Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, explicó el verdadero impacto económico. El problema no fue solo el aumento del salario mínimo en sí, sino que además se modificó un decreto que suavizaba el impacto de estos aumentos en las pensiones de por vida. El resultado: "El costo de una renta vitalicia pasó de cerca de 350 millones a 550 millones de pesos". En otras palabras, ahora una persona necesita tener 200 millones de pesos adicionales en su cuenta para poder comprarse una pensión que le cubra hasta el final de su vida. Para la mayoría de los colombianos, eso significa años de ahorro extra.

En retiro programado, que es cuando el fondo va sacando dinero mensualmente de su cuenta, afectó a 72 mil 600 pensionados. Aunque se habló de caídas cercanas al 30 por ciento en algunas mesadas, Guerra aclaró que estos no fueron casos generalizados, sino situaciones particulares como cambios en el grupo familiar. Lo más preocupante fue que 6 mil personas que estaban listas para jubilarse en esas fechas no pudieron hacerlo porque ya no tenían el dinero necesario acumulado.

El sistema de garantía de pensión mínima también se vio presionado. Cerca de 32 mil personas quedaron dependiendo de este fondo de emergencia del Estado, que tenía un saldo de 53 billones de pesos a noviembre. Con los nuevos gastos proyectados y los precios de 2026, el fondo necesitaría 5 billones de pesos solo para mantenerse a flote. Cuando se agote ese dinero, será el Gobierno quien deba meter la mano al bolsillo para seguir pagando esas pensiones.

Además, otras 20 mil personas que ya estaban pensionadas no pudieron comprar una renta vitalicia en enero, aunque cumplían los requisitos en diciembre, simplemente porque los precios había subido de la noche a la mañana. Y hubo otro aumento colateral: el seguro previsional (el porcentaje que uno paga para protegerse contra incapacidad o problemas para pensionarse) subió de 2,4 por ciento a 2,63 por ciento. Guerra advirtió que esto acerca peligrosamente al límite legal del 3 por ciento, lo que podría generar lo que la reforma llamó una "falla de mercado".

En resumen, un aumento salarial pensado para beneficiar a los trabajadores activos terminó limitando las opciones de quienes ya estaban fuera del mercado laboral y querían disfrutar su retiro. El sistema de pensiones colombiano mostró una vez más su fragilidad ante cambios abruptos, y el costo final probablemente lo terminen pagando todos los contribuyentes.