Para la mayoría de colombianos, un aumento del salario mínimo suena como buena noticia. Pero en el mundo de las pensiones privadas, esa medida se convirtió en un golpe inesperado para decenas de miles de jubilados. A finales de 2025, cuando el Gobierno aprobó un incremento salarial del 23 por ciento (el más alto en 50 años), nadie anticipó que esto dispararía los costos en el sistema de pensiones y generaría una cascada de ajustes perjudiciales para quienes ya estaban recibiendo su mesada.

Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, explica que el fenómeno no tiene nada de político ni discrecional: "Es un tema absolutamente aritmético". El sistema funcionó así: cuando subió el salario mínimo de manera abrupta, también cambió el costo de garantizar una pensión vitalicia (es decir, el dinero que necesita apartar una aseguradora para pagarle a una persona hasta el fin de sus días). Ese costo pasó de 350 millones a 550 millones de pesos. En otras palabras, el salto fue cercano al 57 por ciento en solo semanas. Simultáneamente, el Gobierno modificó un decreto que venía amortiguando estos impactos desde 2016, lo que amplificó el efecto negativo.

En retiro programado, la manera más común de pensionarse en AFP, la mesada mensual se calcula dividiendo el capital ahorrado entre los años que estadísticamente le restan de vida al jubilado. Si ese capital debe durar más años bajo nuevas condiciones económicas, la cuota mensual baja automáticamente. Así fue como 72.600 pensionados de todo el sector privado vieron reducidas sus mesadas. Aunque no fue generalizado (Guerra aclara que algunos casos llegaron al 30 por ciento de reducción solo cuando había cambios en la familia o situaciones especiales), el golpe fue real y generalizado a nivel de industria.

Las consecuencias se ramificaron por todo el sistema. Alrededor de 6.000 personas que estaban listas para jubilarse ya no cumplían con el capital mínimo requerido y tuvieron que postergar su retiro. Cerca de 32.000 afiliados pasaron a depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un colchón que el Gobierno debe financiar cuando se agota. A precios de 2026, ese fondo necesitaría 5 billones de pesos adicionales para mantenerse operativo. Además, 20.000 personas que ya estaban pensionadas y podían comprar renta vitalicia en los últimos días de 2025 no pudieron hacerlo en enero, simplemente porque el dinero necesario se había vuelto inaccesible.

El costo del seguro previsional, que es la prima que pagan los afiliados para cubrir el riesgo de invalidez y muerte, subió de 2,4 a 2,63 por ciento. Esto significa que cada trabajador contribuyente paga un poco más de su salario solo por esa cobertura. El problema es que Colombia ya está al borde del límite legal del 3 por ciento, lo que genera lo que la reforma pensional llamó una "falla de mercado": si el costo sigue subiendo, las aseguradoras pueden abandonar el negocio por falta de rentabilidad, reduciendo la competencia y encareciendo más el sistema. Mientras tanto, en Chile y Perú ese seguro no supera el 1,5 por ciento, lo que significa que un trabajador colombiano paga casi un punto porcentual más que sus vecinos por el mismo concepto.