El mundo registró un salto dramático en ejecuciones durante 2025. Amnistía Internacional reportó 2.707 muertes por pena capital, un incremento del 78% respecto a 2024 y la cifra más elevada desde que la organización comenzó a documentarlas en 1981. Esta cifra concentra un panorama desolador: la mayoría de países ha abolido la pena de muerte, pero una minoría la utiliza de manera cada vez más agresiva.

Irán se ha convertido en el epicentro de esta realidad. Con 2.159 ejecuciones, el país persa fue responsable de casi el 80% de todas las muertes por pena capital en el mundo. Esta cifra más que duplica la de 2024 y refleja lo que expertos en derechos humanos describen como un endurecimiento deliberado tras las protestas de enero y la escalada del conflicto regional. Según Amnistía Internacional, China sigue siendo el país que más ejecuta globalmente, pero no divulga sus cifras oficiales al considerarlas secreto de Estado. Lo mismo ocurre con Irak, Corea del Norte y Vietnam.

Otros países de Medio Oriente también han acelerado el ritmo de condenas a muerte. Arabia Saudita llevó sus ejecuciones a 356 en 2025, superando su propio récord de 345 en 2024. Kuwait casi triplicó sus cifras, pasando de 6 a 17. Amnistía Internacional criticó que "las autoridades de Arabia Saudita siguieron llevando a cabo ejecuciones a un ritmo alarmante, en muchos casos con absoluto desprecio de las restricciones relativas al uso de esta pena establecidas por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos".

Un factor clave detrás del aumento es la intensificación de la guerra contra las drogas. Casi la mitad de todas las ejecuciones globales (1.257) fueron por delitos relacionados con narcotráfico, principalmente en China, Irán y Arabia Saudita. La tendencia es preocupante: Kuwait, Argelia y Maldivas recientemente aprobaron o respaldaron leyes para permitir la pena capital en delitos ligados con drogas.

En Estados Unidos, Florida disparó los números. El estado ejecutó a 19 personas en 2025, más que los tres estados siguientes juntos. El gobernador republicano Ron DeSantis facilitó estas ejecuciones al impulsar una reforma legal en 2023 que eliminó el requisito de unanimidad en la aprobación de sentencias de muerte. Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, calificó el aumento como "muy desalentador" y alertó que DeSantis "parece decidido a mantener ese ritmo". En total, Estados Unidos ejecutó a 47 personas en 2025, distribuidas en 11 estados.

Sin embargo, la realidad global tiene otro lado. Más de 113 países han abolido completamente la pena capital, y más de dos tercios son abolicionistas en la ley o la práctica. Incluso algunos países donde aún existe han dado pasos atrás: Vietnam la eliminó para ocho delitos incluyendo trasporte de drogas; Gambia la retiró para asesinato; y Líbano y Nigeria presentaron proyectos de ley para suprimirla. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, subrayó que "desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudita y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia". Callamard concluyó que "la abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados".