La guerra comercial entre Ecuador y Colombia se intensifica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que a partir del primero de marzo aumentará los aranceles a las importaciones colombianas del 30% al 50%. Esta "tasa de seguridad", como la ha denominado Quito, representa una escalada en la tensión bilateral que comenzó hace poco más de un mes.

El gobierno ecuatoriano justifica el incremento argumentando que "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas", según señaló el ministerio en un comunicado. Para Quito, esta decisión responde a criterios de seguridad nacional vinculados con la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza.

El conflicto escaló hace poco. Ecuador había impuesto una tasa inicial del 30% desde el primero de febrero, medida que el presidente Daniel Noboa presentó como una respuesta a lo que consideraba inacción colombiana contra grupos criminales. Colombia reaccionó rápidamente: este martes comenzó a aplicar el mismo gravamen del 30% a 23 partidas de productos ecuatorianos, agrupadas en 73 subpartidas que incluyen bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Las consecuencias ya son visibles en el terreno. Productos ecuatorianos permanecen almacenados en bodegas de Tulcán, capital de Carchi, la provincia fronteriza con Colombia, debido a la restricción del acceso terrestre. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los aranceles impactan aproximadamente 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, cifra que representa cerca de un tercio del total que Ecuador vende a ese mercado. La organización empresarial instó al ejecutivo ecuatoriano a retomar conversaciones con su vecino.

Paradójicamente, un día antes del anuncio ecuatoriano de incrementar los gravámenes, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, había asegurado que el gobierno "mantiene el diálogo" con Colombia a través de las respectivas embajadas y contactos directos entre autoridades. Las palabras de la funcionaria contrastan con la decisión de profundizar las medidas comerciales, señalando que aunque existan canales de comunicación abiertos, las posiciones sobre seguridad fronteriza y responsabilidades compartidas siguen siendo distantes.