El gigante petrolero colombiano Ecopetrol salió a responder después de que el Fondo Soberano de Noruega decidiera sacar su dinero de la compañía. La decisión del fondo escandinavo, uno de los más grandes del mundo, se basó en una recomendación de su Consejo de Ética que encontró presuntas violaciones a derechos humanos en las operaciones de la empresa.

El centro de la controversia es el pueblo indígena Awá. Según el Consejo de Ética, la compañía no protegió adecuadamente a esta comunidad de los daños causados por derrames de petróleo del Oleoducto Transandino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había fallado contra Ecopetrol y su empresa filial Cenit, determinando que incumplieron su deber de diligencia al no prevenir, mitigar ni reparar impactos que pusieron al pueblo Awá en riesgo de exterminio físico y cultural.

Ecopetrol argumentó en su respuesta que cuenta con una Política de Derechos Humanos desde 2009, actualizada en 2025, alineada con estándares internacionales de Naciones Unidas. La compañía sostuvo que "continúa exigiendo a sus trabajadores, contratistas y proveedores la adopción de los más altos estándares en esta materia, con el fin de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios".

La petrolera también indicó que trabaja con el gobierno nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana y mantiene diálogo con autoridades indígenas para garantizar consulta previa. Agregó que financia espacios de diálogo con otras comunidades, como la mesa de concertación con el pueblo U'wa.

Sin embargo, Ecopetrol adelantó su defensa más contundente al señalar que tanto la Corte Interamericana como la Corte Constitucional colombiana "han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía". Con esta argumentación, la empresa desplaza la responsabilidad hacia actores externos vinculados con la violencia armada en las regiones donde opera.

La exclusión del fondo noruego representa un golpe simbólico importante para Ecopetrol, considerando que estas instituciones de inversión están cada vez más atentas al desempeño ambiental y social de sus portafolios. El caso refleja la tensión que enfrenta la empresa estatal entre mantener sus operaciones en territorios indígenas y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.