Ecopetrol movió sus piezas internas esta semana. Tras el anuncio de imputación contra Ricardo Roa, su presidente, la junta directiva de la petrolera estatal activó protocolos de evaluación y seguimiento permanente del caso. En un comunicado emitido el miércoles, el máximo órgano de dirección explicó que cumple así con su deber fiduciario y que estos procesos se enmarcan en leyes como la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno de la compañía.

Lo importante aquí es que la junta enfatizó su compromiso con la presunción de inocencia. "Respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso", señaló el comunicado. Además, aclaró que desde hace más de un año ya tenía en marcha una debida diligencia sobre este asunto. El protocolo que activaron ahora "permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada" del caso, según indicó la empresa, e incluye acciones como requerir información formal tanto al presidente como a las autoridades competentes.

Lo que está en juego es la confianza. Ecopetrol subrayó que sus actuaciones buscan "salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos y colombianas", además de preservar la credibilidad entre inversionistas y grupos de interés. Roa, por su parte, ha mantenido informada a la máxima dirección de la empresa sobre sus actuaciones, cumpliendo así con lo que Ecopetrol denomina su deber de lealtad.

La junta anunció que continuará con el monitoreo constante de la situación para "tomar de manera oportuna las decisiones que correspondan". En paralelo, ya están en marcha "los procesos internos y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento" con el propósito de evaluar eventuales implicaciones para la empresa más grande de Colombia, una petrolera integrada con más de 18.000 empleados y presencia internacional en varios mercados del continente.