El referendo del 23 de junio de 2016 sigue siendo el terremoto político que define la vida británica contemporánea. Una década después, el Reino Unido no solo no se ha estabilizado sino que, paradójicamente, ha vivido una volatilidad sin precedentes. La renuncia de Keir Starmer precisamente en el aniversario de la votación selló un hito inquietante: es el sexto jefe de Gobierno que cae desde entonces. Con una séptima designación en el horizonte, la promesa de que el Brexit traería claridad y control se desmorona bajo el peso de gobiernos efímeros y decisiones contradictorias.

Las calles londinenses reflejan esta turbulencia. A principios de junio, alrededor de 1.500 personas se movilizaron exigiendo el regreso a la Unión Europea. Sus pancartas rezaban "El Brexit apesta" y "Volver a la UE por el comercio y el empleo". No se trataba de un acto aislado sino de la materialización del arrepentimiento que permea la sociedad británica. Según análisis del centro de pensamiento UKICE, el 60% de los ciudadanos apoya ahora el regreso al bloque, frente al 40% que sigue respaldando el Brexit. Esta inversión de opiniones marca el fracaso de las promesas que ganaron la votación original.

La más emblemática de esas promesas fue el control de la migración. Los impulsores del Brexit argumentaban que frenar la libre circulación de europeos inyectaría vitalidad a la economía británica y permitiría recuperar soberanía. Lo que ocurrió fue radicalmente opuesto. Sí cayeron los ciudadanos europeos dispuestos a radicar en el Reino Unido, lo que provocó una crisis de mano de obra en sectores como la hostelería, salud y agricultura. Pero la brecha se llenó con una ola de migración irregular que alcanzó cifras récord. A finales de marzo de 2026, 43.806 personas cruzaron el Canal de la Mancha. En lugar de reducir la inmigración, el Brexit la transformó en un fenómeno más caótico y vulnerador de derechos.

Para comerciantes como Naroa Ortega, gerente de reconocidos restaurantes londinenses, el Brexit significó padecer meses de demoras en suministros españoles, complicaciones en papeleo aduanal y la desaparición de personal europeo cualificado. "Europeos no hay más", comenta con resignación. Esta realidad ejemplifica el costo económico invisible que nunca fue enunciado en la campaña del 2016, dominada por cifras infladas, miedo y confrontación extrema. El asesinato de la diputada laborista Jo Cox una semana antes de la votación fue apenas un anticipo de la polarización que se instaló como sentimiento nacional.

El resultado es paradójico: mientras el discurso antiinmigración originó el Brexit, ese mismo discurso propulsó a Nigel Farage y su partido Reform UK al Parlamento en 2024, posicionándose ahora como una fuerza con posibilidades de gobierno futuro. Los impulsores ganaron la batalla pero perdieron el control de sus consecuencias. El profesor Tony Travers de la London School of Economics calificó el Brexit como "el acontecimiento más trascendental en el Reino Unido desde 1945", uno que "seguirá cambiando al Reino Unido durante décadas".

Hoy, mientras algunos políticos insisten en respetar el resultado de la votación, otros reconocen que volver a la Unión Europea sería un proceso extraordinariamente largo y costoso. La mayoría de británicos, según encuestas de YouGov, desearía una relación más cercana con Bruselas, pero sin regresar completamente al bloque ni al mercado único. Es el reflejo de una nación que descubrió, demasiado tarde, que el viaje de salida fue más complicado que el imaginado en una noche de junio de 2016.