Un lunes de noticias sombrías en el mundo marcó el inicio de una semana donde los derechos humanos volvieron a ocupar el centro de la preocupación internacional. La Oficina de Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado documentó lo que describe como un "patrón de total desprecio por las vidas palestinas" tras varios ataques acontecidos el 15 de marzo. En Gaza, un bombardeo israelí destruyó una de las pocas casas intactas en Az Zuwaida, matando a una familia de cuatro personas: un hombre, su esposa embarazada de gemelos y su hijo de diez años. Un adolescente de 15 años que se refugiaba en una carpa cercana también murió. Horas después, un ataque con dron en la misma zona cobró la vida de ocho policías palestinos. Desde que se anunció la tregua en octubre de 2025, ya suman 663 los palestinos fallecidos en ataques militares israelíes.

La violencia también ha arrasado Cisjordania. Fuerzas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en Tammoun y asesinaron a una pareja y sus dos hijos pequeños de cinco y seis años. El menor con discapacidad visual y auditiva no tuvo oportunidad. Sus dos hermanos mayores sobrevivieron y reportaron agresiones físicas posteriores al ataque. Según documentos de derechos humanos, son ahora 1071 los palestinos asesinados por fuerzas israelíes y colonos en Cisjordania desde octubre de 2023, incluidos 233 niños. Los colonos también han intensificado su violencia: seis personas han muerto por disparos desde el 28 de febrero, y se reportan agresiones sexuales y amenazas de expulsión contra comunidades enteras. Ajith Sunghay, jefe de la oficina de derechos humanos, fue claro: "La impunidad está impulsando más muertes, más desplazamientos y más sufrimiento. La rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos de los palestinos es indispensable para revertir estas alarmantes pautas, no es un lujo".

En Irán, la situación no es mejor. La relatora especial para ese país, Mai Sato, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe devastador. Más de mil civiles han muerto en los ataques militares, incluyendo víctimas de bombardeos a una escuela primaria en Minab. Los ataques a infraestructuras petroleras han creado lluvia tóxica con efectos graves para la salud. Entre 600.000 y un millón de hogares, representando hasta 3,2 millones de personas, han sido desplazados internamente hacia el norte del país huyendo de ciudades grandes como Teherán. Durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad dispararon a manifestantes, incluso niños, deteniendo arbitrariamente a decenas de miles. Sato alertó que "si ponemos al pueblo de Irán en el centro de cualquier solución, la escalada militar debe cesar y todas las partes deben reanudar el diálogo diplomático inmediatamente".

Venezuela muestra avances limitados en derechos humanos. El Alto Comisionado Volker Türk informó que tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero, se liberaron unas 950 personas detenidas arbitrariamente, entre defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Una Ley de Amnistía aprobada en febrero permitió la liberación de aproximadamente 7700 personas. Sin embargo, Türk expresó profunda preocupación porque la tortura y los malos tratos continúan en centros como Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Muchas personas siguen en prisión arbitraria, incluidas personas con discapacidades graves y al menos un niño. El espacio cívico permanece restringido, dificultando el trabajo de organizaciones de derechos humanos.

En un contraste con estas crisis humanitarias, Viena acogió el lanzamiento de la primera Cumbre Global contra el Fraude, una respuesta coordinada a un delito que se ha vuelto sofisticado y transfronterizo. Más de 1300 participantes, entre ellos 17 ministros y ejecutivos de empresas tecnológicas y financieras, se reunieron para enfrentar lo que el director ejecutivo interino de la UNODC, John Brandolino, describió como un fenómeno que ha mutado radicalmente. El fraude ya no es un delito de pequeña escala sino operaciones organizadas que explotan a personas traficadas, especialmente en el sudeste asiático. La inteligencia artificial generativa permite crear identidades falsas y contenido fraudulento con asombrosa rapidez, mientras que las criptomonedas facilitan el lavado de dinero sin regulación. Las cifras son alarmantes: 16.000 millones de dólares de pérdidas solo en Estados Unidos durante 2024, y 37.000 millones en Asia oriental y sudoriental en 2023. La cumbre busca fortalecer alianzas entre gobiernos y empresas para prevenir fraude y proteger a las víctimas.