El episodio comenzó el domingo 27 de abril cuando Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, hizo público que funcionarios del Gobierno la habían alertado sobre un plan criminal en su contra. Según su relato, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional le transmitieron directamente la información. Valencia identificó como presuntos responsables al Frente 42 de las disidencias de las Farc y a un sujeto conocido como "Buche de Tula", y afirmó que "la información que tenemos es que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesinen". La candidata enfatizó que estos datos provenían directamente del Estado, lo que causó considerable alarma en el país, especialmente considerando la ola de violencia que atinge el suroccidente.

El mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó horas después haber compartido información con Valencia sobre posibles riesgos para su seguridad. Pero el giro fue abrupto. En la madrugada del lunes, el ministerio publicó un comunicado afirmando que "las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia". El funcionario explicó que las versiones sobre el Frente 42 y el alias "Buche de Tula" no pudieron ser corroboradas por los organismos de inteligencia. El cambio de narrativa fue tan rápido que dejó una pregunta incómoda en el aire: qué exactamente había el Gobierno alertado a Valencia.

El presidente Gustavo Petro entró al debate de forma directa. En su cuenta X escribió: "Es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro del atentado sin que sea real". Pero luego agregó una frase que encendió aún más la controversia: "Esto se le dijo a la candidata pero apareció con otra versión en sus redes". Con esa declaración, Petro sugería que el Gobierno sí compartió información con Valencia, pero que ella la presentó públicamente de manera distinta a como le fue comunicada. La oposición interpretó esta situación como reflejo de improvisación y falta de claridad del Ejecutivo en materia de seguridad.

Valencia mantuvo su posición y defendió su decisión de hacer pública la información. "Hay que decirles a los colombianos qué está pasando y cuáles son las condiciones en las que hacemos política", aseguró. La candidata también reafirmó que continuaría en actos públicos y plazas a pesar de las advertencias recibidas. Su insistencia adquiere peso en un contexto donde semanas antes circularon imágenes en redes sociales con su rostro acompañado de una corona fúnebre.

Este enfrentamiento ocurre en un momento crítico para la seguridad del país. El último fin de semana se registraron más de 30 ataques violentos en el suroccidente, atribuidos a disidencias armadas. Uno de los más graves sucedió en Cajibío, Cauca, donde una bomba dejó 21 muertos y decenas de heridos. El Gobierno ha intentado transmitir control institucional, con Petro afirmando que "no hay caos de seguridad" en Colombia. Sin embargo, la escalada de violencia y las amenazas contra candidatos presidenciales han tensionado el clima político.

El caso cobra más relevancia para el Centro Democrático por el asesinato del excandidato Miguel Uribe Turbay tras un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 y confirmado el 11 de agosto de ese mismo año. Según investigaciones, Kendry Téllez Álvarez, alias "Yako", presunto integrante de la Segunda Marquetalia, fue pieza clave en la planeación y financiación del crimen. El ministerio de Defensa anunció que mantendrá esquemas de protección activos para candidatos presidenciales y ofreció hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita prevenir atentados.