La onda expansiva de violencia que ha golpeado el suroccidente colombiano en las últimas semanas movió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a salir al frente con un video donde expresa su respaldo a las víctimas y descarga críticas fuertes contra la administración Petro por el manejo del orden público. En su intervención, el aspirante se dirigió directamente a las comunidades afectadas con un mensaje de solidaridad: "Esos atentados han enlutado al Cauca y al Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven como el terror les arrebata la vida, no están solos queridos compatriotas, Colombia entera llora con ustedes".

Pero el tono de compasión rápidamente dio paso a la confrontación política. De la Espriella no dudó en conectar directamente los hechos de violencia con la gestión gubernamental, asegurando que "Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y sus cómplices". Fue particularmente crítico con la estrategia de "paz total", señalando que "la sangre que hoy se derrama es consecuencia directa de la tal paz total de pacotilla". También apuntó a la pérdida de control territorial en zonas como el Catatumbo, el Caribe y el Pacífico, responsabilizando al Gobierno de debilitar a la Fuerza Pública.

En cuanto a su propuesta de política de seguridad, De la Espriella planteó un giro radical. Si llega a la presidencia, afirmó que "yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo". Sus medidas incluyen declarar objetivos militares a cabecillas como Iván Mordisco y Calarcá, además de ofrecer recompensas sustanciales. "Los vamos a perseguir, los vamos a enfrentar por tierra, por aire, por mar. Ofreceré recompensas millonarias en dólares por información que conduzca a la captura de estos miserables bellacos narcoterroristas", señaló.

Las declaraciones del candidato llegan en un momento en que la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en el debate político nacional, especialmente tras los recientes eventos de violencia que han reavivado la discusión sobre cuál debe ser la estrategia del Estado frente al crimen organizado.