La alarma sobre el reclutamiento infantil en Colombia sigue sonando fuerte. La Defensoría del Pueblo acaba de revelar que entre enero y mayo de este año al menos 51 niños, niñas y adolescentes cayeron en manos de grupos armados ilegales que los obligaron a enlistarse en sus filas. Una práctica que parece no ceder en las zonas donde estos grupos todavía tienen presencia y poder territorial.

Según el reporte de la Defensoría, tres departamentos concentran la mayoría de estos casos: Norte de Santander, Cauca y Antioquia. De los menores afectados, el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante corresponde a niñas y adolescentes mujeres. También hay un dato que llama la atención: el 17 % de los reclutados pertenece a comunidades indígenas y el 12 % a población afrocolombiana, lo que evidencia que la violencia armada no respeta fronteras étnicas ni culturales.

Cuando se trata de identificar a los culpables, los dedos apuntan directamente hacia grupos con nombre y apellido. El Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, encabezan la lista con el 23,5 % de los casos cada uno. Les siguen el Estado Mayor Central y otras disidencias de las antiguas FARC, responsables del 21,6 % de los registros respectivamente.

Lo que más preocupa es la tendencia al alza. Durante todo 2025 se documentaron 410 casos de reclutamiento infantil en Colombia, de los cuales el 57 % corresponde a menores de edad. Para ponerlo en perspectiva, Unicef reportó el año pasado que más de 1.200 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales entre 2019 y 2024, un aumento del 300 % en cinco años. Los números hablan solos.

La realidad de estos menores no es abstracta ni lejana. Este mismo mes, un niño de diez años murió y otros dos resultaron heridos tras un ataque con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la región del Catatumbo en Norte de Santander. Hechos como este evidencian que mientras exista presencia de grupos armados, la infancia en esas zonas seguirá pagando el precio más alto de la violencia que nos aqueja como país.