Coosalud EPS está en el ojo de una tormenta institucional que va más allá de los típicos conflictos empresariales. Lo que pasó con la asamblea de accionistas que no pudo realizarse el viernes pasado no es un incidente aislado, sino el síntoma visible de una crisis profunda de gobernabilidad que tiene dividida a la organización.

La Cooperativa Coosalud, que es la accionista mayoritaria, convocó la asamblea siguiendo órdenes del Tribunal Administrativo de Bolívar. Su objetivo era claro: conformar la Junta Directiva y avanzar en el fortalecimiento institucional. Desde su perspectiva, lo que ocurrió fue un bloqueo directo a los derechos políticos de los accionistas y un desacato a decisiones judiciales. La Cooperativa insiste en que sus actuaciones buscan proteger el patrimonio de los asociados, cumplir con lo que ordenan los jueces y fortalecer la EPS.

Pero aquí es donde el asunto se pone más grave. La Superintendencia de la Economía Solidaria no solo confirmó que hubo bloqueo, sino que catalogó el incidente como de máxima gravedad. Según el pronunciamiento de esa entidad, personas autorizadas por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Nacional de Salud también fueron impedidas de entrar. Además, hay señalamientos sobre instrucciones directas atribuidas a Jaime González y Diana Bolaños, y se reportaron irregularidades en el control de accesos, incluyendo la remoción del sistema biométrico.

Lo preocupante es que esto no es simplemente un problema de egos corporativos. El verdadero fondo del conflicto es una lucha por el control real de la entidad: de un lado está el poder legal, respaldado por decisiones judiciales y representado por la Cooperativa; del otro, el poder material, que es quien controla el acceso a las instalaciones, da instrucciones al personal de seguridad y maneja los mecanismos internos. En este momento, el poder material está ganando, y eso es lo peligroso.

Las implicaciones son serias. El bloqueo podría derivar en investigaciones por obstrucción a funciones públicas, procesos por desacato a decisiones judiciales, y acciones por violación de derechos societarios. Además, los nombres mencionados podrían enfrentar responsabilidades individuales que esclarecerán las autoridades.

Pero lo que realmente debe mantener despiertos a quienes supervisan el sistema de salud es esto: Coosalud EPS administra recursos públicos y presta un servicio esencial. Una crisis de gobernabilidad en una EPS se traduce en dificultades para tomar decisiones estratégicas, riesgos en la administración de dinero público, posibles afectaciones en la prestación de servicios y, en el peor de los casos, mayor intervención estatal. Para los usuarios que dependen de esta entidad, una crisis institucional no es un asunto de directivos, es un asunto que les toca directo.

El desafío ahora está en manos de las autoridades. Necesitan intervenir de forma decidida para restablecer un orden institucional donde las decisiones legales puedan ejecutarse en la práctica. De lo contrario, Colombia seguirá enfrentando una pregunta incómoda: ¿cómo puede operar sin control efectivo una entidad que maneja recursos públicos de salud? La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de Coosalud, sino la confianza que los colombianos tengan en todo el sistema.