El escándalo de corrupción en la UNGRD sigue generando movimientos en los juzgados. Después de que la justicia rechazara por segunda vez el preacuerdo entre Olmedo López y la Fiscalía, la defensa de Sandra Ortiz tomó una decisión contundente: radicó una carta ante el Procurador General Gregorio Eljach para que el Ministerio Público se oponga a cualquier beneficio judicial para los dos principales acusadores en el caso, Sneyder Pinilla y Olmedo López.

El abogado Mauricio Camacho Fernández, quien representa a Ortiz, no anduvo con rodeos en su comunicación. Denunció lo que considera una "exagerada protección y credibilidad otorgada por la Fiscalía a López y Pinilla". Camacho fue más lejos en sus acusaciones: afirma que estos dos personajes han llegado incluso a inducir en error a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En sus propias palabras, "es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos Señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia".

Camacho fue contundente al criticar cómo la Fiscalía tramitó el preacuerdo con Olmedo López, calificándolo de "deleznable". El Tribunal Superior de Bogotá ya le había dado la razón, confirmando que el acuerdo debe ser rechazado. También señaló que la Fiscalía actuó de manera inusual al dejar de imputar un peculado por miles de millones de pesos a favor de terceros, además de ofrecer rebajas excesivas a los procesados.

La defensa de Ortiz apunta a inconsistencias en las pruebas. Movistar certificó que el teléfono atribuido a Sneyder Pinilla nunca registró actividad entre septiembre de 2023 y enero de 2024, precisamente el período en que supuestamente se coordinaron los sobornos. Para los abogados de Ortiz, esto significa que las "celdas de ubicación" que lo sitúan en ciertos lugares serían falsas o manipuladas. Como lo sentenció Camacho, "toda la información entregada por Sneyder Pinilla al parecer es falsa".

Otro punto que levanta sospechas es el origen de los 4.000 millones de pesos que se movieron supuestamente en efectivo para los sobornos. El documento de la defensa revela que el prestamista Pedro Castro Espinosa no pudo explicar de dónde sacó ese dinero ante la Corte Suprema. Peor aún, Castro Espinosa está siendo investigado formalmente por lavado de activos, lo que, según Camacho, "restaría cualquier validez legal a su testimonio sobre el préstamo del dinero para los sobornos".

Sandra Ortiz, quien lleva más de 500 días en prisión, depende ahora de que el Procurador actúe como contrapeso en esta batalla judicial. Su defensa busca impedir que dos hombres acusados de cometer "gravísimos delitos" reciban beneficios basados en lo que considera un montaje de "trampas y mentiras".