La cuota alimentaria es la obligación legal que tienen padres o familiares de contribuir económicamente para cubrir gastos básicos de sus hijos u otros dependientes en Colombia. Aunque el monto se fija en un momento determinado, la ley permite que se revise cuando varían las circunstancias: si quien paga recibe un aumento de sueldo, si el beneficiario enfrenta gastos mayores en educación o salud, o si hay cambios significativos en los ingresos.

El salario mínimo juega un papel central en estos cálculos. Para 2026, con el incremento del 23,7 por ciento, el salario mínimo quedó en $1.750.905. Esta cifra no es casual: la ley presume que quien debe pagar alimentos recibe al menos este monto mensual, incluso si trabaja de forma independiente o no tiene empleo formal. Por eso, el salario mínimo se usa como base de referencia. El límite máximo que alguien puede pagar es el 50 por ciento de su salario mensual, distribuido entre todos sus hijos. Para 2026 eso significaría hasta $875.452 por hijo.

Cuando el beneficiario considera que la cuota ya no cubre sus necesidades, el primer paso es intentar una conciliación. El interesado presenta una solicitud ante un Centro de Conciliación, una Comisaría de Familia, una Defensoría de Familia, una notaría o ante la autoridad competente. En el documento deben incluirse los datos de ambas partes, los hechos que justifican el aumento, la petición y pruebas como facturas, certificados escolares o recibos que demuestren mayores gastos. Si las partes llegan a un acuerdo en esta etapa, se firma un acta de conciliación con los nuevos términos.

Si no hay acuerdo en la conciliación, la persona puede demandar ante un juez de familia del lugar donde vive el menor. El juez analizará la capacidad económica de quien paga, las responsabilidades que tiene con otras personas dependientes, el tipo de ingresos (fijos o variables) y las necesidades reales del beneficiario. El otro padre o madre será notificado y tendrá diez días para responder. Luego el juez convocará a una audiencia para escuchar a ambas partes antes de decidir si procede el aumento y cuál sería el nuevo valor.

Un aspecto crucial: mientras se tramita la solicitud de aumento, quien paga debe seguir cancelando la cuota inicialmente fijada. No hacerlo constituye el delito de inasistencia alimentaria, contemplado en el Código Penal con penas de 16 a 54 meses de prisión y multas entre 13,33 y 30 salarios mínimos vigentes. La ley también establece que el pago de alimentos tiene prioridad sobre cualquier otra deuda civil o comercial, lo que refleja la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la normativa colombiana.