Organizar un asado en la zona comunal o un cumpleaños en el salón social son actividades tan rutinarias en los conjuntos residenciales colombianos que pocos piensan en sus implicaciones fiscales. Pero la Dian ha encendido una alerta sobre este tema: estas actividades pueden estar generando obligaciones tributarias que muchas administraciones están ignorando.

El asunto gira en torno a un punto clave: qué pasa cuando la administración decide cobrar por usar estos espacios. Según la Dian, en el momento en que existe una tarifa específica por alquilar el salón o la zona de asados, la transacción cambia de naturaleza. Deja de ser un simple uso de zonas comunes y se convierte en una actividad comercial que debe incluir el Impuesto sobre las Ventas del 19%.

Para que las copropiedades cumplan con esta obligación, deben implementar facturación electrónica, mantener actualizado su Registro Único Tributario y asegurarse de que el recaudo se declare ante la Dian en los plazos establecidos. El impuesto aplica cuando el espacio se arrienda tanto a residentes (si es un pago diferente a su cuota mensual) como a personas de fuera del conjunto.

Sin embargo, hay casos en los que no entra en juego el tributo. Si los residentes acceden a estos espacios como parte de sus beneficios incluidos en la cuota de administración, sin cobros adicionales, no hay IVA que pagar. Lo mismo ocurre cuando el conjunto presta el espacio de forma gratuita para actividades de integración comunitaria. En esos escenarios no existe actividad comercial.

La Dian ha advertido que detectó un patrón de incumplimiento en varios sectores del país. Las administraciones que omiten facturación electrónica u otros requisitos se arriesgan a sanciones económicas y procesos administrativos. Por eso el llamado es a que revisen urgentemente sus reglamentos de uso de zonas comunes y se ajusten a la normativa tributaria vigente.