La Creg tomó una decisión que impacta directamente en los bolsillos de millones de colombianos: ordenó la devolución de más de 150 mil millones de pesos a usuarios del servicio de gas natural. El dinero que debe regresarse corresponde a cobros adicionales que se aplicaron en las tarifas durante los últimos dos años, generados por un aumento en una variable técnica conocida como Wacc.

En 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, esta tasa de descuento del costo de capital pasó de 10,94% a 11,88%. El cambio parece técnico, pero tuvo un efecto concreto: empresas transportadoras como TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá) y Promigas (vinculada al Grupo Aval) incrementaron los costos en la componente de transporte de sus tarifas, y esos aumentos fueron trasladados directamente a los usuarios finales. Un aumento en el papel se convirtió en más dinero saliendo de los hogares cada mes.

Los distribuidores de gas natural notaron el problema y presentaron recursos pidiendo que se mantuviera el Wacc anterior mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios. Su objetivo era evitar un mayor impacto en las facturas de casas y negocios. La Creg analizó los argumentos y les dio la razón. Decidió acoger la solicitud, ordenó reducir nuevamente el Wacc y determinó que se devolviera lo cobrado en exceso desde 2023 hasta la fecha.

Ahora la agencia reguladora debe definir los mecanismos específicos y los cronogramas para que las empresas transportadoras hagan la devolución efectiva en las próximas facturas de los usuarios. Hasta el momento, TGI, Promigas y los gremios del sector no se han pronunciado públicamente sobre esta decisión.

Esta resolución se suma a las tensiones que vienen creciendo entre el Gobierno y el sector gasífero. A principios de 2025, comercializadoras de gas anunciaron incrementos superiores al 30% en tarifas, justificados en cambios en las rutas de abastecimiento. El presidente Gustavo Petro cuestionó duramente esos aumentos, acusando a las compañías de especulación. Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía de Bogotá, respondió señalando que era necesario revisar el comportamiento de Ecopetrol y sus subastas de gas, sugiriendo que la Superintendencia de Industria y Comercio debería investigar.

La presión sobre el sector gasífero continúa mientras el país enfrenta una situación de escasez de gas. Con restricciones en las nuevas áreas de exploración debido a la política minero-energética del Gobierno, los analistas adviertes que el panorama seguirá siendo desafiante para todos los eslabones de la cadena, desde productores hasta distribuidores.