Donald Trump llevaba meses advirtiendo que si la Corte Suprema le limitaba el poder para imponer aranceles, sería un desastre económico y de seguridad nacional. El viernes pasado, los jueces decidieron darle la razón a sus críticos: seis magistrados votaron en contra del presidente.

La decisión es contundente en su simpleza. Según los jueces, es el Congreso, no el presidente, quien tiene autoridad para imponer aranceles. La ley que Trump usaba como justificación, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, nunca le otorgó poderes tan amplios. Trump respondió con rabia en una conferencia de prensa improvisada el mismo viernes, diciendo estar "avergonzado" de los tres jueces conservadores que lo bloquearon.

Pero esto no es solo un golpe político. Tiene implicaciones económicas reales. Durante todo su gobierno anterior, Trump amenazaba con aranceles casi a diario, muchas veces sin necesidad de trámites complicados. Ahora cualquier nuevo arancel requiere que agencias gubernamentales elaboren reportes detallados que justifiquen su imposición, y todo eso toma tiempo. Esto significa que otros países tendrán más margen para preparar sus contramedidas en lugar de ser sorprendidos por un anuncio en redes sociales.

Trump dijo el viernes que firmaría un nuevo arancel global temporal del 10 por ciento usando otras facultades presidenciales disponibles. Sin embargo, sus opciones reales son más limitadas que antes. Si quiere recuperar su flexibilidad para imponer aranceles como lo hacía, tendría que pedir autorización explícita al Congreso, algo complicado cuando su propio partido tiene mayorías muy ajustadas en ambas cámaras.

Hay un aspecto que algunos republicanos podrían celebrar en privado: los aranceles de Trump han sido impopulares entre los consumidores estadounidenses porque encarecen los productos. Candidatos republicanos en estados clave temían ser atacados por apoyar estas políticas en las próximas elecciones. Esta decisión judicial reduce esa vulnerabilidad política, al menos por ahora.

La debilidad de Trump en esto genera oportunidades para otros. Socios comerciales de Estados Unidos podrían verse envalentonados a tomar una línea más dura sabiendo que el presidente ya no puede amenazar con aranceles impulsivamente. Además, hay una espina dorsal legal sin resolver: tribunales inferiores aún deben decidir si Trump debe devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó el año pasado, algo que el juez Brett Kavanaugh advirtió en su opinión disidente será probablemente un "desastre".

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