La Corte Constitucional cerró un debate que generaba incertidumbre en el sistema pensional colombiano. El alto tribunal dictaminó que no hay espacio para interpretaciones diferentes sobre los derechos de sobrevivientes: el tiempo mínimo de convivencia de cinco años se aplica de manera uniforme a cónyuges y compañeros permanentes, sin importar si quien falleció estaba cotizando activamente o ya disfrutaba de su pensión.

El pronunciamiento surgió a raíz de una acción de tutela presentada por un ciudadano que vio cómo revocaban de forma total el reconocimiento de su pensión de sobreviviente. Las autoridades habían decidido dividir la prestación en partes iguales con otra cónyuge supérstite del fallecido, pero utilizando criterios distintos a los que debería aplicar la ley. El magistrado ponente, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, fue claro al señalar que "no existe fundamento constitucional o legal que justifique un trato diferenciado entre el beneficiario del causante pensionado como para el del afiliado".

El tribunal identificó fallas graves en cómo los jueces inferiores habían argumentado sus decisiones. Algunos despachos ni siquiera mencionaban las sentencias de unificación dictadas previamente por la Corte Suprema de Justicia y la propia Corte Constitucional. Otros admitían que conocían esos fallos pero simplemente repetían criterios antiguos sin justificación válida, violando así el deber de acatar el precedente judicial obligatorio.

La importancia de este pronunciamiento radica en evitar que se creen categorías de protección desigual dentro del sistema. La Corte advirtió directamente que no se pueden dejar desprotegidas las familias de trabajadores que mueren mientras están activos laboralmente, pretendiendo que el tiempo de convivencia requerido sea menor o inexistente en esos casos. Eso generaría un sistema discriminatorio dentro del propio sistema de seguridad social.

Como resultado del fallo, la Corte anuló la sentencia que había ordenado la división de la mesada sin evaluar correctamente los tiempos de ley. Ordenó además que se dicte una nueva sentencia que respete las directrices unificadas de las altas cortes para garantizar la protección del mínimo vital del verdadero beneficiario. Para los fondos de pensiones y despachos judiciales, el mensaje es claro: no hay grises en esta materia.