El Gobierno Petro apostó por una forma novedosa de gastar recursos públicos: darle dinero directamente a juntas de acción comunal, cabildos indígenas y otras organizaciones sin que tuvieran que competir en licitaciones públicas. Era lo que llamaron "Asociaciones Público Populares", incluido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023. La idea sonaba incluyente: permitir que comunidades históricamente marginadas ejecutaran obras de infraestructura en sus propios territorios, sin intermediarios de grandes contratistas.

Sin embargo, la Corte Constitucional puso el freno. Declaró inconstitucional esta forma de contratación directa porque, en su criterio, el Gobierno creó un nuevo mecanismo sin reglas claras suficientes. Esto violaba los principios básicos de transparencia y libre competencia que exige la Constitución. En otras palabras: la Corte consideró que el Ejecutivo se excedió en sus facultades.

Los números que salieron a la luz amplificaron la preocupación. Según un derecho de petición presentado por EL TIEMPO ante Colombia Compra Eficiente, este programa generó más de 80 mil contratos por un valor que superaba los 31 billones de pesos. Una cifra que levantó sospechas sobre cómo se gastaba ese dinero y a quién le llegaba realmente.

Aquí entra el debate político. Muchas de las organizaciones que recibieron estos contratos forman parte de la base social del Pacto Histórico, el movimiento que llevó a Petro a la presidencia. Esto generó cuestionamientos sobre si esto era realmente una política de inclusión económica o una herramienta para reforzar lealtades políticas en territorios clave. El riesgo que señalan los críticos es el clientelismo: usar dinero público para consolidar apoyo electoral.

El Gobierno argumentaba que su intención era genuina: fortalecer la economía popular e incluir a sectores excluidos de la contratación estatal, especialmente en zonas rurales. El objetivo era que las comunidades ejecutaran vías terciarias, vivienda rural e infraestructura social sin depender de contratistas especializados que no entendían sus necesidades locales.

Pero hay un problema adicional: la ejecución. Según reportes de la Contraloría General de la República, una buena parte de estos contratos ni siquiera fue terminada. Las obras avanzan lentamente. El caso más notable es el de los Caminos Rurales, que prometía construir 33 mil kilómetros de vías pero apenas había avanzado 2.387 km. Juan Martín Caicedo, quien fuera presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, advirtió que esta forma de asignación "promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones". En resumen: buenas intenciones, ejecución deficiente, y dinero que no rendía lo prometido.