Diecinueve días. Eso es lo que lleva Córdoba bajo el asedio del agua y el barro. Lo que empezó como un simple aumento en los niveles del río Sinú causado por las descargas de la hidroeléctrica Urra 1 y dos frentes fríos consecutivos, se convirtió en una tragedia humanitaria: más de 70.000 familias desplazadas de sus hogares, miles de hectáreas de maíz y arroz sumergidas, y una economía local que se paralizó por completo. Pero esta crisis tiene un culpable menos visible que la lluvia: la asfixia deliberada de ciénagas, caños y quebradas.

Durante décadas, ganaderos y empresas agropecuarias han levantado terraplenes, jarillones y cercas que desviaron los cauces naturales del agua, impidiendo que las ciénagas hicieran su trabajo más importante: actuar como esponjas reguladoras de las crecientes. Lo que antes era una red de humedales capaz de absorber el exceso de agua, hoy está bloqueado y sofocado. Cuando llegó el invierno fuerte, el agua no tuvo por dónde ir. Las damnificaciones en pueblos como El Vidrial, en las afueras de Montería, muestran la magnitud del problema: 19 días después y el nivel sigue sin bajar.

La Agencia Nacional de Tierras reconoció lo que las comunidades llevan años denunciando. Felipe Harman, director de la ANT, admitió ante los afectados: "Ustedes tenían razón. Si no se recuperan estos espacios vitales para el agua, situaciones como la emergencia climática van a generar más daños en la región". Los focos críticos identificados son la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, sofocada por sedimentación, Charco Ají donde el represamiento arrasó con los ingresos de pescadores artesanales, y las zonas de Martinica y Berlín donde la expansión ganadera bloqueó el flujo natural del río.

La solución no vendrá de Bogotá, sino de la memoria de quienes viven allí. Lina María Salcedo Mesa, subdirectora de Administración de Tierras, dejó claro que "escuchar sus voces nos permite conocer cómo estos cuerpos de agua se han comportado a través de los años". La ANT, junto con la Junta de Defensa de Baldíos, pescadores y campesinos, sellaron un pacto para desmantelar las estructuras que mantienen al agua encajonada y permitir que la llanura cordobesa respire nuevamente.

El objetivo es demoler los diques y jarillones ilegales que han convertido a las ciénagas en bienes privados. La ANT fue enfática: esos espacios son públicos, inalienables, y deben servir a la población campesina que ha sido desplazada por el agua. "La defensa de las ciénagas es también la defensa de la vida y de la soberanía alimentaria", concluyó Harman. Para los próximos inviernos, las familias de Charco Ají y los campesinos de Martinica esperan que este plan evite que vuelva a suceder lo que acaban de vivir: perder el pan de la mesa bajo el agua.