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Contraloría descubre casi 24 mil millones en giros irregulares en Asmet Salud durante intervención

Fuente: La República - Empresas

La Contraloría encontró que la firma interventora RG Auditores autorizó pagos injustificados por 23.426 millones de pesos a prestadores de servicios de salud en Asmet Salud. Hasta ahora solo se han recuperado 24.383 millones de los 47.809 millones que fueron desembolsados irregularmente. Los intentos de conciliación extrajudicial con los 74 prestadores implicados han fracasado mayormente: algunos rechazaron acuerdos, otros no se presentaron y hay procesos suspendidos.

Un hallazgo fiscal de envergadura salió a la luz después de que la Contraloría General auditara la gestión de la EPS Asmet Salud durante 2023 y 2024. La entidad de vigilancia determinó que hubo giros injustificados por 23.426 millones de pesos, equivalentes a casi la mitad del monto total cuestionado en la auditoría. El responsable directo, según el informe, fue la firma RG Auditores S.A.S., que actuaba como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud.

La irregularidad tiene raíces claras: mientras Asmet Salud certificó el pago a 91 prestadores de servicios médicos por un total de 47.809 millones de pesos mediante giro directo, RG Auditores modificó de forma ilegal los montos aprobados, causando que 74 de estos prestadores recibieran cantidades superiores a lo autorizado. La Contraloría fue enfática en señalar que esas modificaciones no tenían justificación legal ni administrativa.

El aspecto más preocupante es el bajo índice de recuperación. De los 47.809 millones girados de manera irregular, apenas se han reintegrado 24.383 millones al sistema. Quedan pendientes 23.426 millones, cifra que coincide exactamente con el hallazgo principal, sugiriendo que esos recursos aún no vuelven a las arcas públicas.

Para intentar cerrar esta brecha, Asmet Salud activó en 2024 procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores deudores. El resultado ha sido decepcionante. De los 74 prestadores implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron llegar a un acuerdo, 29 simplemente no asistieron a las reuniones, y 8 tienen procesos jurídicos suspendidos. Este panorama ha frenado considerablemente la posibilidad de recuperar los recursos de forma rápida y amistosa, dejando abierta la puerta a acciones legales más complejas.

Fuente original: La República - Empresas

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