La empresa de servicios públicos de Medellín continúa acumulando derrotas en los juzgados por el caso de Hidroituango. El Consejo de Estado acaba de ratificar un fallo arbitral que la condena a pagar $781.828 millones a la Sociedad Hidroituango, la propietaria de la megacentral. Con esta decisión, se cierra un capítulo más de una controversia judicial que ha marcado el desarrollo de lo que hoy es la mayor central hidroeléctrica de Colombia.

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando un Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Medellín dictaminó que EPM debía cumplir con sus obligaciones contractuales. El tribunal declaró que existía un contrato de construir, operar, mantener y transferir (conocido como Bommt) y que la empresa estaba obligada a ejecutarlo hasta su conclusión. EPM intentó anular ese laudo ante el Consejo de Estado, argumentando que se había cometido un error procesal, pero la corte administrativa consideró que el argumento de la empresa carecía de fundamento y decidió mantener la sentencia tal como estaba.

Lo que pocos recuerdan es que esta pelea legal tiene sus raíces en una tragedia ocurrida el 28 de abril de 2018. Cuando la obra estaba casi terminada, con un avance del 92%, la temporada de lluvias provocó el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), un túnel crucial para controlar el río Cauca. El túnel de desviación derecho se destapó de manera súbita, generando una creciente de 6.000 metros cúbicos por segundo que arrasó dos puentes y dejó 600 damnificados aguas abajo.

Pero hay más: el Consorcio CCCI (conformado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa) también enfrentó un proceso judicial. En diciembre de 2024, un tribunal arbitral los exoneró de responsabilidad por el colapso de esa galería. Ahora esperan que la justicia ordinaria confirme este fallo, especialmente porque en agosto de 2020 se interpuso una demanda pidiendo $9,9 billones en indemnizaciones. Conconcreto ha señalado que la contingencia fue ajena a su voluntad y que "gracias a las capacidades de gestión del Consorcio, hoy EPM opera la mayor central hidroeléctrica del país".

La historia de estos retrasos también explica por qué todo se complicó tanto. Los túneles de desviación debían estar listos en octubre de 2013, pero apenas en ese mes se conectaron los frentes de excavación. Las compuertas no estaban listas, y la empresa enfrentaba un dilema: hacer un túnel nuevo o aceptar un retraso superior a un año. Eligieron acelerar la construcción con un tercer turno de 24 horas, lo que originó la GAD como solución temporal. Esta decisión, aunque permitió avanzar, sería la que eventualmente fallaría durante las lluvias de 2018.

Las primeras dos turbinas de Hidroituango entraron en operación comercial el 30 de noviembre de 2022, casi cuatro años después de la contingencia. Las unidades restantes estarían programadas para funcionar en el segundo semestre de 2027. Mientras tanto, EPM debe prepararse para cumplir el fallo del Consejo de Estado, que además ordenó levantar cualquier suspensión del laudo arbitral original, dejando el camino despejado para que la empresa tenga que pagar la multimillonaria condena.