La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta respiró aliviada tras la decisión del Consejo de Estado, que le dio la razón en medio de una controversia que la persiguió durante meses. El tribunal rechazó la demanda que pretendía quitarle la investidura parlamentaria por su participación en el evento conocido como tarimazo, un encuentro organizado con reclusos de la cárcel de Itagüí que buscaba promover diálogos sobre paz urbana.

La acusación en su contra señalaba que Zuleta habría actuado de manera indebida al solicitar permisos al Inpec para trasladar a 23 cabecillas de bandas delincuenciales para que participaran en el evento público. Los demandantes veían en esto un claro abuso de su poder como congresista, lo que podría constituir tráfico de influencias. Sin embargo, el Consejo de Estado no encontró las pruebas que sustentaran estas acusaciones graves.

Lo determinante para el tribunal fue que no logró acreditarse que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora ante los funcionarios del Inpec. Según el fallo de la Sala 20 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, "Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la acción haya invocado su calidad o condición, de congresista, ante el director general del Inpec". El tribunal enfatizó que faltaban evidencias de un presunto "influjo psicológico" sobre los servidores públicos o beneficios indebidos que configuraran tráfico de influencias.

El fallo también reconoció que Zuleta actuó en su rol oficial como coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, una responsabilidad que le fue asignada por el Gobierno nacional dentro de sus políticas de paz. Esto, según los jueces, significaba que sus gestiones estaban dentro del marco de sus funciones legítimas y no para favorecer intereses particulares propios.

No obstante, este triunfo judicial no significa que Zuleta esté completamente fuera de peligro. La senadora aún debe comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde cursa una indagación preliminar por este mismo episodio. De modo que aunque el Consejo de Estado la absolvió, el proceso penal sigue su curso en la máxima corte penal del país.