La justicia española ha asestado un golpe político de considerables dimensiones al Gobierno socialista. El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de cárcel. Su colaborador cercano, Koldo García, fue sentenciado a 19 años y ocho meses. Ambos fueron hallados culpables de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El fallo, que llegó el 22 de junio, marca un antes y un después en los escándalos de corrupción que rodean al entorno del presidente Pedro Sánchez.

La trama desvelada por los magistrados revela un esquema criminal sofisticado. Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama conformaban una organización delictiva donde cada uno tenía un rol claramente definido. Aldama se encargaba de localizar empresas y oportunidades de negocio; García actuaba como intermediario ejecutor de las decisiones; y Ábalos, desde su cargo ministerial, disponía del poder para influir en resoluciones oficiales. El objetivo común era enriquecerse aprovechando su acceso a recursos públicos. Según los magistrados, el esquema comenzó en 2018, cuando Ábalos llegó al Ministerio.

Los irregularidades concretas que el tribunal consideró acreditadas son múltiples. Destaca la adjudicación de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama durante la emergencia sanitaria. Igualmente grave resultó que Ábalos recibiera pagos mensuales de 10.000 euros para sufragar sus "gastos fijos". El tribunal también consideró ilícitos la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas y el pago de una vivienda para una de ellas. Operaciones inmobiliarias sospechosas, arrendamientos y gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa completaron el panorama de irregularidades.

Víctor de Aldama fue el único que logró una sentencia más benigna. Aunque condenado a cuatro años y medio de prisión, el Supremo suspendió la ejecución de esa pena debido a su colaboración decisiva con la Justicia. El tribunal valoró que el empresario aportó información relevante, admitió su participación y no intentó evadir responsabilidades. A cambio, deberá realizar trabajos comunitarios y presentar informes semestrales. Esta decisión generó críticas incluso dentro del Gobierno, pues el ministro de Transportes Óscar Puente cuestionó en redes sociales que se premiara así a un condenado.

Las consecuencias económicas rondan el medio millón de euros entre los tres condenados. Ábalos enfrentará multas e indemnizaciones por aproximadamente 217.000 euros; García unos 211.000; y Aldama cerca de 215.000. El tribunal ordenó además el decomiso de ganancias ilícitas que totalizan 430.295 euros provenientes de pagos periódicos, alquileres y otros beneficios considerados delictivos.

Políticamente, la sentencia ha reavivado debates incandescentes. El PSOE consideró la condena "muy dura" pero insistió en que Ábalos representa el pasado del partido. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interpretó la resolución como un veredicto político contra el Gobierno y exigió a Sánchez convocar elecciones generales inmediatas, argumentando que Ábalos fue una figura clave en el ascenso político del presidente. Otros actores políticos como ERC pidieron una mayor depuración de responsabilidades internas en el PSOE.