La pulseada entre Colpensiones y los fondos de pensiones privados se intensificó después de que el Consejo de Estado paralizara completamente el traslado de 25 billones de pesos. Ese dinero corresponde a personas que aprovecharon una ventana especial de la reforma pensional del 2024 para cambiarse del sistema privado al público. El tribunal ya había frenado un primer tramo de 20 billones hace poco, y ayer completó la suspensión con los 5 billones restantes.

Lo que está en juego es la capacidad de Colpensiones para cumplir sus promesas. El presidente del sistema público, Jaime Dussán, advierte que sin esos recursos, el régimen enfrenta problemas graves de sostenibilidad. Explica que el dinero ya está siendo gastado en pagar las pensiones mensuales de los 25.000 ciudadanos que se trasladaron y cumplen con los requisitos para recibir jubilación. "Con esta decisión del Consejo de Estado, se afecta notoriamente la sostenibilidad económica del régimen pensional colombiano, en este caso Colpensiones", dijo Dussán. El directivo aclaró que aunque el tribunal suspendió la transferencia, el dinero debe girarse de todas formas, pues estos ciudadanos tienen derecho a él por ley.

Desde el otro lado, Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación de fondos privados), ofrece un análisis completamente distinto. Sostiene que Colpensiones tiene dinero suficiente para pagar estas pensiones sin necesidad del traslado. Sus números lo demuestran: de los 120.000 trasladados, unos 100.000 siguen aportando dinero al sistema público, generando alrededor de 600.000 millones de pesos anuales en contribuciones. Entretanto, las pensiones de los 20.000 restantes cuestan aproximadamente 450.000 millones anuales. "Si hace falta plata para pagar pensiones, no es porque estos traslados les estén generando un déficit", argumenta.

El punto de fondo en esta disputa es conceptual. Los fondos privados insisten en que, según la ley de reforma, el dinero de estos trasladados debe ahorrarse e invertir, no gastarse inmediatamente como está haciendo Colpensiones. Velasco explica que en el sistema privado ese dinero está invertido principalmente en títulos de deuda pública (TES), generando rentabilidad. En cambio, cuando llega a Colpensiones, se gasta de inmediato en pensiones. "En Colpensiones los recursos no se ahorran, se gastan", comenta el directivo gremial. Incluso subraya que fue el propio gobierno quien propuso que estos recursos especiales debían conservarse, no consumirse.

Mientras tanto, Colpensiones y el gobierno presentaron un recurso legal para que se revierta la suspensión. Dussán también hace un llamado urgente a la Corte Constitucional, que lleva dos años estudiando la reforma pensional sin tomar una decisión definitiva. El directivo sostiene que tanto la ley anterior (Ley 100) como la nueva (Ley 2381) establecen claramente que cuando alguien se traslada entre sistemas cumpliendo requisitos, su dinero debe seguirlo. Pide una resolución que aclare si la reforma está vigente completamente o si el país debe volver atrás.

Lo que revela este conflicto es una tensión más profunda: entre quienes creen que el sistema público necesita recursos inmediatos para funcionar, y quienes argumentan que la forma de garantizar pensiones sustentables en el futuro es construyendo ahorros ahora, no consumiendo capital.