La guerra comercial entre Colombia y Ecuador acaba de entrar en su fase más tensa. Desde este domingo primero de marzo está en vigor un arancel del 50% que Ecuador impuso a las importaciones colombianas, duplicando prácticamente la tasa inicial que anunció hace apenas dos meses. Lo que comenzó como una medida de protección comercial ha evolucionado hacia un enfrentamiento arancelario sin precedentes recientes en la región.

El punto de quiebre fue el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30% para todas las importaciones provenientes de Colombia. Colombia respondió un día después con aranceles recíprocos sobre 20 productos ecuatorianos como plátano, azúcar y herramientas. Pero la tensión no se detuvo ahí. El 27 de enero, Ecuador anunció un incremento del 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano, un golpe directo a uno de los principales productos de exportación. Colombia contraatacó el 28 de enero con un arancel del 30% al arroz ecuatoriano, ampliando el arsenal de medidas comerciales.

El conflicto saltó del terreno bilateral a la arena regional cuando Colombia demandó a Ecuador ante la Comunidad Andina el 7 de febrero, alegando violación del Acuerdo de Cartagena que regula el comercio entre miembros del bloque. Diez días después, la Comunidad Andina aceptó una nueva demanda colombiana. En paralelo, Colombia expidió el Decreto 0170 de 2026, estableciendo un arancel del 30% a 23 líneas de productos ecuatorianos que abarcaban 73 subpartidas. Ecuador respondió el 26 de febrero anunciando el incremento al 50%.

Gremios empresariales han levantado la voz advirtiendo que esta escalada arancelaria podría golpear de manera significativa el intercambio bilateral, que incluye productos agroindustriales, manufacturas y bienes intermedios. Los analistas son particularmente preocupados por las pequeñas y medianas empresas colombianas, que verán encarecer sus productos en el mercado ecuatoriano y perderán competitividad. Ambos gobiernos defienden sus medidas como necesarias para proteger sectores estratégicos, pero la realidad es que están sacrificando relaciones comerciales de largo plazo en la región andina.

Con el arancel del 50% ya en marcha, la Comunidad Andina se posiciona como el escenario clave para resolver esta disputa. El resultado de los procesos que se tramitan actualmente podría establecer precedentes importantes sobre cómo se aplican las medidas de salvaguardia dentro del bloque. Mientras tanto, el futuro de la relación comercial entre dos socios históricos de la región permanece envuelto en incertidumbre. Todo dependerá de si los gobiernos logran retomar el diálogo antes de que el deterioro de los lazos económicos y políticos se vuelva irreversible.